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San José.- El Gobierno de Nicaragua canceló este miércoles la personalidad jurídica a 15 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, con lo que suman casi tres mil 600 las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ilegalizadas desde diciembre de 2018.
La disolución de esas organizaciones fue aprobada en Managua por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, según dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.
Coronel explicó que cerró de forma unilateral nueve ONG por incumplimientos a las leyes que los regulan y las otras seis porque solicitaron su disolución voluntaria.
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Entre las 15 ONG canceladas se encuentran la Fundación Un techo para Chile (Un techo para mi país), mejor conocida como Techo Nicaragua; Fundación Politécnico La Salle; y la Asociación Integral a la Familia Juan Pablo II.
Sobre la liquidación del patrimonio de los organismos, el Ministerio del Interior indicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría en el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua, excepto sobre los organismos que solicitaron su disolución voluntaria.
Con el cierre de estas 15 ONG, suman más de tres mil 590 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.
Algunos diputados sandinistas, como Filiberto Rodríguez, han dicho que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente Daniel Ortega en las manifestaciones.
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Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas las siete mil 227 que estaban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.
A finales de febrero pasado, el Ministerio del Interior de Nicaragua y el Ministerio de Justicia de Rusia suscribieron un memorando de entendimiento sobre cooperación en el campo de la regulación legal de las actividades de las organizaciones sin fines de lucro.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
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