Lima.— Perú se encuentra sumido en un nuevo terremoto político, con cinco pedidos de destitución en contra de la presidenta Dina Boluarte, debido a la crisis de inseguridad que vive el país.
Casi todos los grupos políticos en el Congreso se sumaron al apoyo a medidas para remover a Boluarte por presunta “incapacidad moral”, tras señalar que no ha logrado frenar la ola criminal.
Los pedidos de vacancia tienen lugar a seis meses de las elecciones programadas para el 12 de abril de 2026 donde se elegirá un nuevo presidente, 130 diputados y 60 senadores.
Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Renovación Popular —los principales grupos legislativos que han protegido a Boluarte desde el inicio de su mandato en diciembre de 2022— anunciaron durante la jornada que cambiaron su posición y apoyarían los pedidos para destituir a la mandataria de 63 años.
Según la ley se necesitaban 26 firmas de los 130 legisladores para presentar un pedido de destitución presidencial al Parlamento. Luego se requieren 56 votos para admitir a debate ese pedido y finalmente se necesitan otros 87 votos para cristalizar la remoción de la jefa de Estado. Según el recuento de medios peruanos, sumaban más de 100 los legis- ladores favorables a la destitución de Boluarte.
La crisis política detonó durante la jornada luego que la noche del miércoles se produjo un ataque armado en contra uno de los más populares grupos de cumbia en Perú llamado Agua Marina, que dejó cinco heridos de bala. El ataque fue considerado una muestra más del alza incontenible de la criminalidad —en especial de los asesinatos y extorsiones— que el gobierno de Boluarte no ha logrado detener.
En marzo, Paul Flores, cantante de otro grupo popular llamado Armonía 10, fue asesinado en Lima luego de que extorsionadores dispararon contra el bus en el que iban sus integrantes. El gobierno declaró estado de emergencia por un mes para combatir la delincuencia, pero la violencia sigue en medio de extorsiones y asesinatos de transportistas y pequeños empresarios sobre todo en los extremos de Lima, donde vive la mayoría de vecinos, pero cuenta con menos policías que las zonas ricas, según datos oficiales.
El gabinete ministerial, encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, acudió ayer al Congreso con el fin de informar sobre las medidas para enfrentar la creciente criminalidad.
“La preocupación del Congreso no se resuelve atendiendo una petición de vacancia y menos aprobándola”, dijo Arana. Sin embargo, aseguró que la presidenta aceptará la decisión que tome el Congreso.
“No nos aferramos al cargo, aquí estamos y sabíamos desde un inicio que el primer día que estuvimos también podía ser el último día de nuestra gestión y hoy con hidalguía podemos decir que hemos trabajado bajo el liderazgo de la presidenta Dina Boluarte”.
El abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, rechazó que la mandataria esté planeando pedir asilo o fugarse del país.
“Descarto con mayúscula, no solamente ahora, que la presidenta de la República o bien se asile o vaya a dejar el país, ella no es una delincuente para hacerlo”, declaró Portugal a periodistas en los exteriores del Palacio de Gobierno de Lima.
“Está preocupada por el país y la gobernabilidad”, indicó antes de decir que no ha conversado con ella sobre los pedidos de destitución, pero ha sido ratificado como su defensor.
Portugal añadió que Boluarte “está evaluando los escenarios [que se han presentado] en el Congreso y seguramente por eso se está reuniendo en este momento con el Consejo de Ministros”.
También rechazó la posibilidad de que el Congreso decida este mismo jueves debatir y votar las mociones de destitución que se han presentado, ya que consideró que primero “debería escuchar a la presidenta y en esa perspectiva [él] podría acompañarla” ante el pleno del Legislativo.
Poco antes, la cuenta oficial en la red social X de la Presidencia de Perú publicó un mensaje en el que aseguró que es una “noticia falsa” la versión de que la gobernante va a dimitir. “¡Atención! Esta información, publicada en redes sociales, es falsa”, enfatizó sobre la captura de otro mensaje publicado en ese sentido.
Hasta ahora, los partidos de derecha habían sostenido a Boluarte en el poder desde que asumió la Presidencia a inicios de 2022 para suceder a Pedro Castillo, luego de que el izquierdista exgobernante fuera detenido y encarcelado por un fallido intento de golpe de Estado con el que buscaba detener una eventual destitución del mismo Congreso. Sin embargo, la derecha esta vez también se sumó a los llamados de que Boluarte deje el cargo. Castillo afirmó ayer que la destitución de Boluarte es “exigencia popular” en Perú.
Entre los promotores de la destitución hay varias fuerzas políticas cuyos líderes tienen aspiraciones presidenciales en las elecciones convocadas para abril de 2026, como el alcalde de Lima, el ultraconservador Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, y el empresario José Luna, del derechista Podemos Perú.
De consumarse la destitución, deberá asumir la Presidencia de manera interina el presidente del Congreso hasta la celebración de las nuevas elecciones, con lo que se convertiría en el séptimo mandatario de Perú desde 2016.
