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El Departamento de Justicia de Estados Unidos lanzó un ultimátum, que vence el 23 de febrero, para que las ciudades, condados y estados “santuario”, les entreguen documentación que compruebe que están aplicando las normas federales contra los inmigrantes indocumentados.
La administración Trump anunció ayer que ha detectado 23 jurisdicciones “santuario” que no cumplen con sus obligaciones por lo que les enviaron cartas en las que les exigen documentación que demuestre que sí lo están haciendo. De lo contrario, amenazaron con mandar una citación judicial para conseguirla.
“El Departamento sigue preocupado de que las leyes, políticas y prácticas de su jurisdicción puedan violar [la ley federal]”, se lee en la misiva recibida por —entre otras— las ciudades de Chicago, Nueva York y Los Ángeles, así como los estados de California, Illinois y Oregon.
No es la primera vez que el gobierno envía cartas a estas entidades, presionando para que colaboren a riesgo de perder donaciones federales que se entregan a las fuerzas policiales. Las pérdidas para estas jurisdicciones serían millonarias. Tan sólo la ciudad de Chicago recibe 2 millones anuales, que el año pasado se usaron para comprar mejores vehículos policiales y proyectos sociales en barrios de alta criminalidad.
La negativa de donar este dinero, sin embargo, está en un limbo legal en el juzgado. Hay litigios pendientes en al menos tres jurisdicciones que frenaron la aplicación de una orden ejecutiva en noviembre pasado sobre este asunto bajo la premisa de que la Casa Blanca se habría “propasado” en su autoridad de intentar congelar los fondos.
Con la nueva medida, dan hasta el próximo 23 de febrero para entregar “todos los documentos”, en el carácter y la forma que sea, en los que se haga referencia a la “comunicación, o no” con organismos federales. “Si falla en responder de forma completa y a tiempo, vamos a usar la vía judicial”, desafía el documento.
La persecución a las “ciudades santuario” es justificada por el gobierno por cuestiones de seguridad y “poner en riesgo a comunidades y residentes”, en palabras del fiscal general, Jeff Sessions. El procurador, activo y duro en sus políticas antiinmigrantes, mantuvo en un comunicado que hay “muchos ejemplos” de la “amenaza” que supone seguir con estas políticas de defensa de los indocumentados.
Redadas en autobuses. Videos que muestran a agentes de la Patrulla Fronteriza pidiendo documentos de identidad a los pasajeros de un autobús y deteniendo a una mujer provocaron alarma y generaron de organismos defensores de los derechos de los migrantes.
Una estudiante universitaria que viajaba en el autobús dijo que tres agentes de la Patrulla Fronteriza esperaron el viernes al autobús de la empresa Greyhound cuando se acercaba a la estación terminal de Fort Lauderdale, Florida. De acuerdo con la testigo, que grabó un video en su teléfono celular, los policías subieron al autobús y fueron fila por fila pidiéndoles a los pasajeros una identificación, antes de detener a una mujer jamaiquina.
Activistas y grupos defensores de las libertades y derechos humanos consideran que es una práctica injusta contra las minorías.
