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Quito.— El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, derogó anoche el polémico decreto que eliminó los subsidios al combustible y los indígenas anunciaron la suspensión inmediata de las protestas que paralizaron a buena parte del país durante 10 días.
La decisión también dispone de la instalación de una comisión con ambas partes y otros sectores sociales para elaborar un nuevo decreto que permita equilibrar la economía estatal. El anuncio se produjo tras una reunión entre los máximos dirigentes indígenas y el mandatario junto a su equipo de colaboradores más cercanos, con el objetivo de poner fin a una crisis que dejó siete muertos y mil 340 heridos.
“Como resultado del diálogo se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883, para lo cual se instala una comisión que elaborará este nuevo decreto”, anunció el coordinador de las Naciones Unidas en Ecuador, Arnaud Peral, que medió el diálogo junto con la Iglesia católica.
El encuentro comenzó con un minuto de silencio por los fallecidos en las protestas. Moreno insistía en que la eliminación del subsidio a los combustibles beneficiaba a la población, sobre todo a la más pobre, y fortalecería la dolarización, en vigor desde el año 2000.
El mandatario proponía modificar el decreto que eliminó subsidios de los combustibles, disparando el precio de la gasolina y el diesel hasta en 123%, y propuso la creación inmediata de comisiones para conseguirlo. Subrayó que “jamás ha sido mi intención afectar a los sectores más desposeídos”.
El mandatario se puso al frente de las conversaciones a su regreso de Guayaquil, donde trasladó la sede presidencial tras decretar el estado de excepción nacional el 3 de octubre y movilizar al ejército.
Sin embargo, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, aseguró desde el principio que “no venimos para [conformar] comisiones”, sino para que se derogue el decreto 883, lo que finalmente consiguió.
De hecho, Vargas había advertido que si no lograban una solución “definitiva y duradera”, seguirían “firmes, unidos y con el compromiso inclaudicable de defender” al pueblo, y que estaban “dispuestos a realizar todos los sacrificios posibles”. La Conaie reclamaba también la destitución de los ministros de Gobierno (Interior), María Paula Romo, y de Defensa, Oswaldo Jarrín, por la represión de las manifestaciones y “como un gesto de paz social al país”.
Pese a las conversaciones y a un toque de queda, las protestas prosiguieron en el centro de Quito y distintos barrios del sur de la capital. El gobierno denunció ataques a la sede de la Contraloría, como ya había sucedido el sábado. A lo largo de la mañana miles de ciudadanos salieron a las calles sin que las fuerzas de seguridad los arrestaran, y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas suspendió el toque de queda entre las 11:30 y 20:00 locales. Pasado el mediodía, miles de manifestantes se concentraron en el parque del Arbolito para enfrentarse a las fuerzas del orden.
Moreno deslindó a los indígenas de la violencia. “Ustedes no son responsables de lo que ha pasado estos días”, les dijo, y achacó los disturbios a gente relacionada con el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó, por su parte, los ataques del sábado contra la televisora Teleamazonas y el diario El Comercio de Quito, al tiempo que pidió al gobierno de Moreno dar garantías constitucionales a la libertad de prensa para que “no se convierta en otra víctima de la violencia que perjudique el derecho del público a estar informado”.
