Miami.— Trump convirtió el cierre de gobierno en un teatro de poder. Mientras acusa a los demócratas de haberlo provocado, lo presenta como una palanca para congelar desembolsos, revisar contratos y recortar programas que define como favoritos de la oposición.
Trump ordenó revisar posibles recortes en la ayuda federal a Portland: “No financiaremos estados que permitan la anarquía”, dijo la portavoz Karoline Leavitt.
La administración Trump también retendrá 2 mil 100 millones de dólares para proyectos de infraestructura en Chicago, afirmó el viernes el director de presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought en las redes sociales. Vought hizo un anuncio similar a principios de esta semana en relación con Nueva York, donde dijo que se pausarían 18 mil millones para infraestructura.
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De acuerdo con la Casa Blanca, la maniobra se apoya en la Ley Antideficiencia (ADA) y en la Circular A-11 de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB), que fijan qué se apaga y qué se mantiene durante una situación como el cierre temporal del presupuesto del gobierno de Estados Unidos. La Sección 124 de la A-11 instruye a las agencias a preparar planes de cierre “cuando el Congreso no aprueba apropiaciones” y varios organismos ya publicaron sus hojas de ruta.
Pero el cierre no es un estado de excepción. El borde legal de la ofensiva está en la Ley de Control de Retenciones del Gasto (ICA). “Si la Casa Blanca quiere convertir una pausa en recorte, debe enviar al Congreso un mensaje de rescisión y sólo puede retener ese dinero 45 días de sesión continua mientras los legisladores deciden”, explica a EL UNIVERSAL el economista Iván Jiménez. De acuerdo con un compendio del Servicio de Investigación del Congreso (CRS), la ICA distingue entre diferimientos (retrasos temporales) y rescisiones (cancelaciones permanentes) y limita la capacidad del Ejecutivo para rehusar gastar lo que el Congreso apropió.
Algunos analistas han mencionado la “rescisión de bolsillo” (pocket rescission), pero de momento “al día de hoy no se puede aplicar porque recién comenzó el año fiscal 2026 y no hay partidas grandes que venzan dentro de los próximos 45 días”, señala Jiménez; “la comprensión de lo que se discute es sumamente técnico”, advierte. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) lo define con claridad: “una ‘rescisión de bolsillo’ ocurre cuando un presidente pide cancelar fondos muy cerca del fin del año fiscal”. Cada año fiscal en el gobierno federal de EU va del 1 de octubre al 30 de septiembre.
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Sin embargo, la Casa Blanca insiste en que sí es posible aplicar la “rescisión de bolsillo” porque el 28 de agosto, antes de finalizar el año fiscal 2025 (30 de septiembre), la Casa Blanca envió un nuevo mensaje de rescisión y dijo públicamente que perseguía una estrategia de pocket rescission sobre casi 5 mil millones de dólares en ayuda exterior. “Primero se aprieta el botón de pausa, luego se intenta convertir esa pausa en recorte permanente en el discurso político de la Casa Blanca”, advierte Jiménez.
Grupos de la sociedad civil y varios estados sostienen que usar “ la rescisión de bolsillo” para “premiar o castigar” jurisdicciones bajo la etiqueta de “acciones de anarquía” viola la Constitución.
