Bruselas.— En la Europa rica la cobertura médica es universal, accesible, por lo regular amplia y eficiente, así como generosa con los menos favorecidos.
Incluso, en muchos casos, el paciente nunca llega a ver la factura a la vuelta del médico de cabecera o al salir del quirófano. Esto no significa que el servicio sea gratuito: el ciudadano y residente contribuyen por adelantado al sistema, normalmente a través de impuestos y contribuciones periódicas.
A pesar de que 20 países usan la misma moneda, el euro; las mercancías circulan libremente por un espacio económico compuesto por 30 naciones, y las personas se mueven sin controles fronterizos por los 29 estados que conforman la zona Schengen, en Europa no hay un sistema sanitario armonizado.
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La asistencia sanitaria sigue siendo responsabilidad de cada país y se ofrece a través de sistemas nacionales, cada uno con sus peculiaridades. A grandes rasgos, los Estados europeos aplican tres grandes modelos sanitarios que protegen a quienes residen y pagan impuestos en el país. Está el modelo Beveridge, llamado así en memoria del político liberal William Beveridge, padre del Servicio Nacional de Salud británico (NHS). En este sistema, la asistencia sanitaria la presta el gobierno y está financiada mediante el pago de impuestos, al igual que ocurre con los tribunales, los bomberos o una biblioteca pública.
Muchos hospitales y clínicas, aunque no todos, son propiedad del gobierno; algunos médicos también son empleados del Estado, pero también hay médicos privados que cobran sus honorarios del gobierno. De acuerdo con Physicians for a National Health Program, una organización que aboga por el acceso universal a la salud en Estados Unidos, “estos sistemas suelen tener bajos costes per cápita, porque el gobierno, como único pagador, controla lo que los médicos pueden hacer y lo que pueden cobrar”.
El acceso es universal y la atención tiene como punto de partida el médico general, quien tiene bajo su cartera una cobertura demográfica y controla el pase a los especialistas. Entre los países que siguen mayoritariamente este modelo figuran Italia, España, Dinamarca, Suecia, Noruega y Portugal.
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No está exento de controversia. Por ejemplo, desde hace años, el NHS tiene dificultadas para cumplir con sus objetivos de tiempo de espera para la atención en urgencias y el tratamiento de rutina.
Además, a menudo hay quejas por largas esperas para acceder al dentista o porque las ambulancias no se dan abasto para responder a las llamadas de emergencias. Esto está provocando una crisis de confianza pública.
“Por mucho que se aprecie al NHS, hay estudios que demuestran que la gente está perdiendo la confianza y la fe en la capacidad del sistema para atenderlos cuando más lo necesitan. La gente admite que no pediría ayuda de urgencia por miedo a acabar en una camilla en un pasillo de una sala de urgencias abarrotada”, dijo recientemente Adrian Boyle, presidente del Royal College of Emergency Medicine, en reacción a una encuesta realizada por la firma Ipsos.
El otro es el modelo Bismarck, llamado así por Otto von Bismarck, el canciller artífice del sistema de bienestar social que acompañó la unificación de Alemania en el siglo XIX. Los planes sanitarios tipo Bismarck son financiados por cuotas obligatorias pagadas por empresarios, trabajadores y los impuestos. Los recursos recaudados van a parar a “fondos” que son entidades no gubernamentales reguladas por ley y que gestionan estos recursos.
Con esos “fondos”, se contratan hospitales y médicos que suelen ser privados. Estos, a su vez proveen los servicios a los asegurados.
Entre los países que aplican este tipo de modelo están Alemania, Austria, Bélgica, Países Bajos, Suiza y la República Checa, aunque cada uno con sus distintivos.
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En Bélgica y Países Bajos, países vecinos, todos los ciudadanos están obligados a contratar un seguro de cobertura de enfermedad, pero la forma de contribuir al sistema es distinta.
En el reinado belga, el sistema es público con la opción a adquirir un seguro adicional privado. La cobertura pública básica consiste en una contribución que se deduce automáticamente del salario.
Los dineros van a parar a la Mutualiteit, un fondo colectivo que cubre la seguridad social en su conjunto, es decir, además pensiones, desempleo, entre otras prestaciones. Normalmente, la aportación es de alrededor de 12% del salario bruto; de ese monto, 3.55% sería para el seguro médico.
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El porcentaje de cotización para los autónomos suele ser de 20.5% de sus ingresos netos. Las cotizaciones son trimestrales y varían en función de los ingresos. En el caso de las personas sin recursos, el seguro se deduce del subsidio que reciben por desempleo o por discapacidad.
En Países Bajos la contribución se hace a través de la contratación de una póliza con una aseguradora privada a partir de los 18 años; antes de esa edad la cobertura es gratuita. El pago es mensual y fijo durante un año. En promedio, la cobertura básica tiene un costo de 144 euros (3 mil 144 pesos mexicanos), con un riesgo propio por 385 euros (8 mil 405 pesos; a partir de ese monto el seguro cubre costos).
El sistema naranja es generoso con los que menos tienen. Las personas sin empleo contratan el seguro con los dineros que reciben vía la asistencia social. Pero el esquema se está convirtiendo en una carga cada vez mayor para los contribuyentes, incluyendo pensionados. En 1998, la póliza mensual costaba alrededor de 45 euros (982 pesos), es decir, en un periodo de 25 años la factura creció 105%. No hay señal de que la tendencia se detenga: cada diciembre se ajusta el monto al alza.
El tercer esquema es una mezcla Beveridge y Bismarck. Tras muchos años de reformas y ajustes, se fusionaron elementos de ambos modelos. En síntesis, ningún país europeo sigue el mismo formato, aunque todos están inspirados en los principios de solidaridad e igualdad.
En cuanto a los estándares, medidos en tiempos de espera, accesibilidad, atención preventiva, gasto estatal y esperanza de vida, existen diferencias. Según el Índice Euro Health Consumer 2025, Suiza, Holanda, Noruega, Dinamarca y Bélgica (que inyectan entre 11.8% y 10% de su PIB a sanidad), registran los estándares más elevados, mientras que Rumania, Hungría, Polonia, Bulgaria y Letonia están en el fondo de la tabla (destinan entre 5.5% y 7.3% de su PIB).
Considerando que todas las personas cuentan con protección, sea por seguro público, privado o mixto, los ciudadanos europeos pueden acceder a servicios de atención médica cuando visitan un país vecino. Pero la asistencia se limita a cuestiones de emergencia, no por un asunto de elección (exceptuando para personas que viven en poblados fronterizos). Para evitar el turismo médico, los pases para una atención especializada y acorde al historial médico, son emitidos por los doctores de cabecera del lugar donde la persona reside.
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