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Bruselas.— El anhelo por hacerse de las llaves del Elíseo el año entrante está por esfumarse para Marine Le Pen, una de las máximas exponentes de la extrema derecha europea. El futuro político de la heredera del partido xenófobo creado por su padre, Jean-Marie Le Pen, negacionista del Holocausto y fundamentalista en cuestiones de raza, género e inmigración, está en manos de la justicia gala.
Sin embargo, la forma como ha evolucionado el debido proceso apunta a que se quedará fuera de la próxima contienda presidencial, prevista en principio en 2027.
“Marine Le Pen está sujeta a lo que decida la justicia, en el sentido de que ha sido condenada en primera instancia por hechos de corrupción en la gestión de sus asesores parlamentarios en Bruselas, en el Parlamento Europeo”, dice a EL UNIVERSAL Gaspard Estrada, politólogo y miembro de la unidad del sur global de la London School of Economics (LSE, por sus siglas en inglés).

“Ya hubo una primera decisión, ahora lo que la justicia francesa está haciendo es acelerar el proceso para que la Corte Revisora pueda definirse antes de la elección presidencial de 2027 y evitar que la extrema derecha francesa pueda decir que la justicia le impide ser candidata a la elección presidencial sin que haya una decisión definitiva al respecto”.
En entrevista, el director del Observatorio América Latina de la Fundación Jean Jaurès, Jean Jacques Kourliandsky, describe la carrera política de Le Pen en “un paréntesis” y aunque no es jurista, dice que es muy probable que el tribunal que la juzga en París confirme la sentencia en primera instancia.
Más de 4.4 millones de euros recaudados por el Frente Nacional, ahora bautizado como Agrupación Nacional, habrían sido desviados a través de 40 contratos celebrados por una decena de sus eurodiputados durante un periodo de 12 años, entre 2004 y 2016.
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La fiscalía acusó la creación de un “auténtico sistema organizado” en el que se hacía creer que los dineros europeos eran usados para financiar personal de los eurodiputados, cuando en realidad trabajaban para el Frente Nacional.
En el juicio de primera instancia, Marine Le Pen fue condenada a cuatro años de prisión, dos de ellos sin libertad condicional y con brazalete electrónico, una multa de 100 mil euros y una pena de inelegibilidad de cinco años, con lo cual no podría ser candidata a la presidencia en 2027.
En la etapa de apelación, en curso, Le Pen, de Agrupación Nacional, ha negado haber cometido intencionalmente el delito que se le acusa a ella y otros 11 cómplices. En la audiencia del 21 de enero insistió: “Actuamos totalmente de buena fe”.
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“Lo que está intentando es evitar que sea condenada y por ende que no pueda ser candidata. El problema es que hay una fuerza probatoria fuerte de la que es difícil salir, porque al final de cuentas no estamos en un debate político, se trata de un debate jurídico en la justicia”, señala Estrada.
Politizar el juicio
“Lo que está intentando hacer es politizar un juicio para justamente doblar a la justicia, pero me parece que la opinión pública francesa no está reaccionando de la manera como le gustaría a la dirigente de extrema derecha”.
Las encuestas de opinión publicadas muestran que más de la mitad de los franceses estiman que una eventual condena a Marine Le Pen sería algo normal ante las evidencias disponibles. “Podemos descartar que va a ser la candidata en 2027 como se ven las cosas hoy en día, eso es lo más probable en función de la jurisprudencia de la propia justicia al respecto de este tipo de casos”, asegura el experto en política francesa.
Información no desmentida por la Embajada de Estados Unidos en Francia revela que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha intentado apoyar a Le Pen en el proceso.
Según la información divulgada, un consejero del Departamento de Estado estadounidense le preguntó a una magistrada francesa el año pasado si podía intervenir en la prohibición electoral de la líder de extrema derecha.
“A pesar de que hay estas tentativas de presión, de intimidación, no ha habido una traducción concreta, es decir, en Francia no hubo realmente actos que le dieron secuencia a este tipo de presiones. Pero sí muestra un vínculo directo entre la administración Trump y Marine Le Pen, y cómo piensa la administración de Trump respecto de la independencia de la justicia”, sostiene Gaspard Estrada.
El analista afirma que a pesar del escándalo, las encuestas de opinión siguen favoreciendo a la extrema derecha. El partido se muestra ileso ante la gravedad del proceso judicial porque astutamente ha logrado proyectar una figura alternativa, Jordan Bardella. También la agrupación sigue mostrándose como alternativa a la clase política tradicional.
“Hay una explicación que llamamos política. Al día de hoy, el RN [por sus siglas en francés] encarna la alternancia en el poder. La sociedad francesa está muy cansada, se muestra hostil a la clase política tradicional que ha gobernado este país, ya sea de izquierda o de derecha o de centro.
“El frente de izquierda de Jean-Luc Mélenchon, que no ha gobernado Francia, no ha logrado capturar ese sentimiento, que es realmente la principal oposición al gobierno en turno. Me parece que el desafío para los otros partidos políticos, y pienso en particular para la oposición en la izquierda, tanto la Francia Insumisa como el Partido Socialista, es cómo diferenciarse de la extrema derecha y decir que en el fondo hay otra alternativa posible para Francia que no es la extrema derecha”.
Jean Jacques Kourliandsky afirma que el caso contra Le Pen ha tenido nulo impacto en Francia por el contexto político actual y que resume de la siguiente manera: una crisis política interna, las elecciones municipales en marzo y las consecuencias de la política exterior del presidente estadounidense Donald Trump, en perjuicio de los intereses de Europa, por sus amenazas y ambiciones de hacerse de Groenlandia.
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“Estamos padeciendo las consecuencias de la apuesta equivocada del presidente de la República de disolver la Asamblea Nacional, desde entonces, 2024, el país se está adentrando en una crisis política profunda causada por una ausencia de mayoría parlamentaria que desarma al presidente de la República.
“Han habido tres primeros ministros y el último, desde hace tres meses intenta negociar un presupuesto con un partido presidencial muy minoritario. A esto se añaden la movilización de los partidos ante las elecciones municipales de marzo, a un año de la elección presidencial, y la crisis de las relaciones Europa-Estados Unidos por la abierta propuesta de anexionar a Groenlandia, un territorio que depende de un estado de la UE, Dinamarca. En síntesis, el proceso de María de Le Pen apenas aparece en prensa y televisión”, dice.
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