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Detrás de la política de detención de migrantes de la administración del presidente estadounidense Donald Trump hay grandes ganadores: las corporaciones penitenciarias privadas, que obtienen millones con los contratos con el gobierno.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) difundió documentos obtenidos a través de una demanda amparada en la Ley de Libertad de Información (FOIA por sus siglas en inglés) que evidencian los planes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para expandir significativamente su capacidad de detención de inmigrantes en al menos ocho estados de la Unión Americana. Estos estados incluyen a Michigan, California, Kansas, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Texas y Washington.
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Los registros obtenidos muestran cómo las corporaciones penitenciarias privadas, como GEO Group y CoreCivic, entre otras, han presentado propuestas para satisfacer las solicitudes del ICE relacionadas con la expansión de los centros de detención
Crecen cárceles privadas en EU
La dependencia de los gobiernos estadounidenses respecto de estas empresas ha crecido al paso de los años. En la primera administración Trump (2017-2021), 81% de las personas detenidas cada día en enero de 2020 fueron recluidas en instalaciones pertenecientes operadas por corporaciones penitenciaras privadas, de acuerdo con la ACLU.
Actualmente, GEO Group administra 102 instalaciones con capacidad para 82 mil camas, mientras que CoreCivic opera 65 instalaciones con más de 90 mil camas; son solo dos ejemplos de al menos 8 empresas que se dedican al mismo ramo. Estas cifras son el reflejo de un sistema que ha crecido exponencialmente.
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Brianna Nofil, historiadora especializada en políticas migratorias, advierte que “se está ganando dinero en cada paso del proceso, desde la construcción de centros de detención hasta el transporte y la manutención de los inmigrantes. Las corporaciones no están diseñadas para rehabilitar o proteger a las personas, sino para maximizar las ganancias”.
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Como antecedente, hay registros que muestran cómo durante la primera administración de Donald Trump, el sistema de detención de inmigrantes se expandió en 50%, con la apertura de más de 40 nuevas instalaciones, muchas de ellas bajo contratos con empresas privadas. La expansión estuvo marcada por problemas que quedaron documentados, como condiciones deplorables, falta de personal y problemas de seguridad. Incluso instalaciones con antecedentes cuestionables recibieron contratos bajo la administración anterior de Trump.
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