Fiscalía de Guatemala acusa de 2 delitos a funcionario del Tribunal Supremo Electoral

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Ciudad de Guatemala.- El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala solicitó este martes el retiro de inmunidad para el Registrador de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, por dos presuntos delitos, tras los comicios celebrados el pasado domingo.

La solicitud de retiro de inmunidad en contra del registrador, Ramiro Muñoz Jordán, se hizo ante el Organismo Judicial, según confirmó el mismo Ministerio Público, que lo acusa de los delitos de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad con fines electorales.

Debido a su puesto, Muñoz cuenta con inmunidad en el cargo y la misma solo pueda ser removida por el Organismo Judicial, para que el Ministerio Público lo pueda investigar.

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La Fiscalía explicó en un comunicado de prensa que la acusación obedece a que Muñoz Jordán supuestamente inscribió de manera ilegal al partido político Prosperidad Ciudadana para el proceso electoral que Guatemala llevó a cabo este año.

La acusación en contra del registrador llega dos días después de que el académico Bernardo Arévalo de León, de la agrupación política Movimiento Semilla, superara en la elección presidencial el pasado domingo a la ex primera dama Sandra Torres Casanova.

Bernardo Arévalo. Foto: Twitter @BArevalodeLeon

El caso en contra de Muñoz Jordán está a cargo de la Fiscalía contra Delitos Electorales del Ministerio Público, entidad cuya cúpula está sancionada por Estados Unidos bajo acusaciones de "socavar" la Justicia en el país centroamericano.

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El partido político Prosperidad Ciudadana tuvo como candidato al empresario Carlos Pineda, quien lideró las encuestas durante una parte de la carrera electoral presidencial en el primer semestre de este año.

Sin embargo, la candidatura de Pineda y de su colega, Roberto Arzú, fueron canceladas por el Tribunal Supremo Electoral y la Justicia guatemalteca, al igual que la postulación de la líder indígena Thelma Cabrera, bajo distintos argumentos en cada caso.

El proceso electoral guatemalteco, que inició en enero y culminó el domingo pasado, ha sido el más controvertido en la historia del país centroamericano desde la implantación de la democracia en 1996.