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El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció el miércoles nuevos límites a la capacidad de los jueces de inmigración para desestimar casos de deportación, una nueva decisión que facilita la expulsión del país de migrantes ilegales.
A diferencia de lo que ocurre en el sistema judicial federal, los tribunales de inmigración estadounidenses dependen del Departamento de Justicia, y el fiscal general puede reescribir las opiniones emitidas por la J unta de Apelaciones de Inmigración.
Sessions dijo que los jueces sólo pueden terminar o desestimar casos en circunstancias "específicas y circunscritas". "No tienen autoridad inherente para poner fin a los procedimientos de expulsión, aunque un caso particular pueda presentar circunstancias favorables", sostuvo.
La finalización de un caso de deportación no confiere un estatus legal a un inmigrante , pero sí le da tiempo para buscar otras vías para permanecer legalmente en el país.
"La decisión es un nuevo paso en un esfuerzo concertado por la fiscalía general para socavar la independencia judicial y minimizar el papel de los jueces en las cortes de inmigración", dijo Kate Voigt, directora asociada de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.
Dana Leigh Marks, presidenta emérita de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración,
dijo que la decisión "muestra nuevamente la presión que se aplica a los jueces para que los casos avancen hacia una expulsión (de los inmigrantes) lo más rápido posible".
El Departamento de Justicia no quiso hacer comentarios.
lsm
