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Los ex guerrilleros de las FARC postularon ayer a su veterano líder Rodrigo Londoño como candidato para las elecciones presidenciales del próximo año y a otros dirigentes como aspirantes al Congreso, pese a la posibilidad de que sean juzgados por crímenes cometidos en medio del conflicto interno.
El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (cuyas siglas también son FARC) anunció que Londoño, conocido con el alias de Timochenko y quien fue el máximo líder de la desmovilizada guerrilla, será su candidato presidencial, mientras que Luciano Marín, quien utilizó Iván Márquez como nombre de guerra, encabezará la lista de aspirantes al Senado.
La decisión se anunció poco después de que el Consejo Nacional Electoral de Colombia reconociera la validez jurídica de la FARC, habilitando al conglomerado a presentar candidatos a las elecciones del año próximo.
“A partir de hoy entramos de lleno en la contienda política de 2018 con candidatos propios para la presidencia y el Congreso de la República. La gente del común y todos los que sueñan patria nueva, tendrán su propia representación y contarán con una alternativa política para disputar la presidencia”, dijo Marín en una declaración ante periodistas.
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la ex guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron el año pasado un acuerdo de paz para poner fin a un conflicto de más de medio siglo que dejó unos 220 mil muertos y millones de desplazados. Más de 11 mil 300 integrantes de las FARC, entre combatientes, colaboradores y presos, están en proceso de reincorporación a la sociedad después de que el grupo entregó las armas a Naciones Unidas (ONU) y conformó un partido político.
Bajo los términos del acuerdo, el grupo rebelde se convierte en una fuerza política. También establece que tendrá 10 asientos en el Congreso hasta 2026, incluso si no obtiene los votos necesarios.
Marín dijo que la FARC buscará un gobierno de transición que continúe con la implementación del acuerdo de paz.
El Congreso debe debatir en los próximos días una ley que crea una jurisdicción especial ante la que tendrán que responder los comandantes guerrilleros por los crímenes cometidos en el conflicto, en medio de voces que exigen que paguen primero penas alternativas antes de ejercer la política.
