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Washington.— La Suprema Corte de Estados Unidos dio ayer una victoria a los opositores al aborto, al decidir contra una ley de California que impone a los centros antiaborto informar a sus clientas embarazadas de la posibilidad de una interrupción del embarazo en otro lugar.
Tal ley viola la Constitución, consideró el alto tribunal en una decisión tomada por una mayoría de cinco jueces contra cuatro.
La ley californiana apuntaba a imponer restricciones a los centenares de “centros de crisis del embarazo”, administrados por cristianos y conservadores, que existen en el estado. Con el pretexto de asesorar y asistir a las mujeres que no desean quedar embarazadas, estos centros intentan sobre todo convencerlas de no abortar.
Calificados por sus críticos como “falsas clínicas”, son acusados de hacer creer a las mujeres que pueden disponer en ellos de varias opciones médicas, incluida una operación de interrupción del embarazo. California impuso a estos organismos privados la obligación de informar a las mujeres que pueden practicarse un aborto o disponer de métodos anticonceptivos de manera gratuita o a precio reducido en otros centros, subvencionados por el Estado.
Los militantes provida, opuestos al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, denunciaron en marzo pasado esta ley de 2015, de inspiración demócrata, argumentando que violaba su derecho a la libertad de expresión, garantizado por la primera enmienda de la Constitución. La decisión de ayer puede tener repercusiones fuera de las fronteras de California.
Los grupos contrarios al aborto no vacilaron en celebrar la decisión del tribunal. “California ya no podrá forzar a los centros de embarazo a dar un mensaje que va totalmente contra sus creencias religiosas y su misión de salvar vidas”, dijo Mat Staver, de la organización Liberty Council.
El grupo NARAL, que defiende el derecho a decidir, señaló que “el daño que la administración Trump está haciendo a nuestros tribunales y a nuestros derechos perdurará durante generaciones”.
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