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San José
.- Un turbulento cóctel de deterioro político y económico arrincona al gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega , y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, después de casi seis meses del estallido de la peor crisis del Siglo XXI y la más grave de los últimos 28 años, en la más pobre e inestable nación de Centroamérica.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) , que por más de 10 años se convirtió en guía de la pareja presidencial con sus recetas económicas y financieras, pronosticó esta semana que Nicaragua , hundida en las profundas dificultades políticas, cerrará en diciembre próximo con un decrecimiento de menos 4% del Producto Interno Bruto (PIB) con respecto a 2017.
Con el oficialismo en silencio y sin admitir los hechos, las cifras reconfirmaron las alertas que economistas nicaragüenses independientes lanzaron acerca de que Nicaragua acumuló dos trimestres seguidos sin crecimiento del PIB y cayó en recesión a partir de octubre de 2018 por primera vez desde 2009, cuando el país fue arrastrado por la turbulencia económica mundial que emergió en 2008.
Los datos negativos del FMI pronosticaron una inflación anual de 5.9% en 2018 y contrastaron con las cifras positivas de 2017, que registró un crecimiento de 4.9% del PIB y una tasa de incremento de precios del 3.9% . Según el FMI , la caída del PIB en 2919 será de menos 1%, y la inflación del 8% .
“A la dictadura de la familia Ortega Murillo le va quedando poco espacio”, advirtió el abogado nicaragüense Gonzalo Carrión, del (no estatal) Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) .
“Si la crisis socioeconómica se profundiza, repercute en la inestabilidad política”, advirtió Carrión, en una entrevista con EL UNIVERSAL.
“Es claro que la descomposición socioeconómica se profundizará si el régimen no resuelve el aspecto fundamental que provocó con su forma dictatorial y es la profunda crisis política. No se van a resolver ni los elementales ni los grandes problemas económicos, si el régimen mantiene la persecución (política) atroz, la mano dura, la represión”, adujo.
Tras advertir que “si la dictadura agudiza las contradicciones políticas, agrava las condiciones económicas”, Carrión subrayó que “ Nicaragua se mantiene en resistencia: a mayor represión, la rebelión es incontenible, pese a que en apariencia (el gobierno) la ha contenido a punta de sangre y fuego, a punta de bala”.
“Es imposible atender el problema económico manteniendo un sistema político represivo”, puntualizó.
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Aunque como institución estatal está controlado por Ortega y Murillo , el Banco Central de Nicaragua también mostró el deterioro en septiembre anterior e informó que, en julio de este año, el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) “disminuyó” 4.2% en comparación con julio de 2017. “La tasa de crecimiento promedio anual (del IMAE ) fue de 0.7% y la variación acumulada se ubicó en menos 1.7% ”, reportó.
En un recuento que emitió en septiembre de este año con datos de agosto pasado, el Banco precisó que “en términos anuales, la inflación se situó en 4.95%, 1.48 puntos porcentuales superior a la registrada en agosto de 2017, y la inflación subyacente fue de 4.35% (4.22% en agosto de 2017)”.
Sin embargo, el gobierno reafirmó que, de manera progresiva, la situación sigue normalizándose. El 19 , uno de los principales medios digitales de propaganda e información del dúo gobernante, publicó a finales del mes pasado que “en la medida que el país recupera la paz, la normalidad y la tranquilidad de las familias los números irán cada vez mejorando”.
Citado por El 19 , el ministro nicaragüense de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta , aseveró a mediados de septiembre anterior, que la economía de Nicaragua “tras vivir el terror y la violencia desenfrenada de los sectores de derecha golpista, ya durante los meses de julio y agosto ha mostrado una buena recuperación”.
“Se ha reactivado la mayoría de los sectores, están vendiendo lo que hubieran vendido en marzo o con respecto al 2017. Eso muestra que la paz, la estabilidad hace que rápidamente el comercio, los temas vinculados a los servicios, han dado síntomas muy importantes, inclusive en turismo local se ha podido observar en las últimas semanas, sobre todo los fines de semana una reactivación”, garantizó.
Sin éxito, EL UNIVERSAL intentó obtener una versión oficialista sobre los pronósticos negativos de la economía nicaragüense.
Desempleo.
Al acuciante panorama macroeconómico se añadió otro factor grave de la crisis en un país con más de 6.2 millones de habitantes : el daño generalizado al mercado laboral.
En una nación con un historial de escasez tradicional de fuentes de empleo, solo cerca del 20% de los aproximadamente tres millones de personas de la fuerza de trabajo estaba insertado, antes de la crisis, en la economía formal aunque con bajos salarios, y el resto en la informal. Los datos están pendientes de actualización.
Un informe de septiembre de este año de la (no estatal) Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) alertó que, por el impacto económico de la crisis sociopolítica, “a julio de 2018 ya había 347 mil personas despedidas o suspendidas de sus puestos de trabajo, principalmente en las actividades de hoteles y restaurantes, comercio y construcción, que se estima representan el 76.7% del total de despidos y suspensiones”.
Con un conflicto político sin perspectiva real de solución o de que se abra un portillo de arreglo en los últimos 81 días de 2018, las proyecciones reconfirmaron que Nicaragua avanzará en el cierre de año hacia una descomposición de su panorama general y con una de las facturas socioeconómicas más onerosas por una crisis que, gestada en más de 11 años de gobierno de los Ortega Murillo , se agudizó a partir de abril pasado.
Antecedido por múltiples confrontaciones desde que Ortega asumió la presidencia en 2007 para un primer quinquenio y después se reeligió, de manera consecutiva e indefinida, en cuestionados procesos electorales para gobernar al menos hasta 2022, la crisis estalló el pasado 18 de abril con protestas callejeras antigubernamentales.
Los reclamos fueron inicialmente en repudio a una reforma a la seguridad social (que el mandatario debió derogar) y luego viraron a un masivo e incesante reclamo de democracia y justicia. Ortega y Murillo rechazaron reiteradamente las acusaciones de sus opositores de que instalaron una dictadura dinástica en Nicaragua .
El número de muertos oscila entre 322 y más de 450, según organismos nicaragüenses no estatales de derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , que acusaron a los gobernantes de desplegar una intensa represión política con fuerzas policiales y paramilitares.
Ortega
, cuyo gobierno sólo reconoce 199 muertos, negó que haya represión y paramilitares, rechazó adelantar los comicios de 2021 a 2019 y replicó que sus rivales son opositores derechistas que responden a una maniobra de golpe de Estado en su contra impulsada por Estados Unidos . Ortega y Murillo calificaron a la oposición de golpista, terrorista y vandálica.
agv
