Miles de peruanos exigieron ayer la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski en marchas en todo el país contra el indulto al ex gobernante Alberto Fujimori, que derivaron en algunos choques entre manifestantes y policías.

La policía reprimió con bombas lagrimógenas a manifestantes en San Isidro, un distrito residencial y empresarial del sur de Lima. Los agentes también arrojaron gases lacrimógenos a una columna que se desvió del trayecto autorizado en la zona central de Lima.

La protesta continuó por la noche en el centro de la capital, donde según la policía marcharon unas 5 mil personas, mientras que canales de televisión hablaban de unas 8 mil. Vestidos de negro, familiares de las víctimas del gobierno de Fujimori (1990-2000) encabezaron la manifestación en la zona central de la capital hacia la Plaza 2 de Mayo.

Otras manifestaciones contra el indulto al ex gobernante, acusado de 25 asesinatos y dos secuestros, se desarrollaron en diversas zonas de la capital y en provincias, según medios locales. Se trata de la tercera protesta desde que Kuczynski decretó el perdón a Fujimori en la víspera de Navidad.

“Kuczynski tiene que irse, le ha mentido a la gente de una manera descarada”, dijo Verónika Mendoza, ex candidata presidencial de izquierda, al participar en la marcha en la ciudad andina de Cusco.

“Estamos seguros de que ha sido una negociación política”, coincidió Carla Coronado, una artista plástica de 36 años, en una protesta en el parque Kennedy de Miraflores, en el sur de Lima. Unos manifestantes escenificaron a un Fujimori —de ascendencia japonesa— con la banda presidencial, acompañado por Kuczynski vestido como geisha.

Una veintena de mujeres, que simulaban tener sus piernas ensangrentadas, personificaban a las miles de víctimas de esterilizaciones forzadas del gobierno de Fujimori, a quien Kuczynski dijo que indultó por razones humanitarias, aunque han surgido evidencias de que el perdón obedeció a una negociación con un sector del fujimorismo que permitió al presidente salvarse de ser destituido por el Congreso en diciembre por sus lazos con la cuestionada empresa brasileña Odebrecht.

En un intento por reparar su imagen, el mandatario retomó ayer su agenda pública inaugurando obras de infraestructura y viviendas en el norte del país.

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