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Río de Janeiro.— El ex ministro Antonio Palocci, figura influyente en los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, condenado por corrupción y lavado de dinero, será colaborador de la Justicia a cambio de una remisión de la pena, lo que podría exponer nuevos casos de sobornos en la operación Lava Jato.
Palocci, ex titular de Hacienda y de la Casa Civil en los gobiernos del Partido de los Trabajadores (2003-2016), fue condenado en junio a 12 años y dos meses de cárcel por corrupción y lavado de dinero, pero negociaba desde hace meses una “delación premiada” para ser colaborador a cambio de ventajas en la condena.
Palocci fue condenado por delitos de corrupción y lavado de dinero al mover y ocultar más de 10 millones de dólares por medio de empresas offshore que habrían sido utilizadas para pagar campañas electorales del Partido de los Trabajadores (PT).
El acuerdo entre los abogados de Palocci y la policía federal, revelado ayer, debe ser aprobado por la Corte Suprema, pero todo indica que sus revelaciones podrían provocar nuevas pesquisas, en especial porque el ex funcionario ya aseguró que Lula habría negociado con la constructora Odebrecht el pago al PT de sobornos y financiamiento ilícito por 90 millones de dólares.
Además, asegura que Rousseff —destituida por juicio político en 2016— también sabía de la financiación ilegal de su partido e incluso usó dinero ilícito procedente de las empresas para financiar sus campañas.
Sube violencia en Río. El número de muertes y enfrentamientos armados en Río de Janeiro aumentó desde que el presidente de Brasil, Michel Temer, decretó en febrero pasado la medida que cede al ejército el control de la seguridad pública en este estado, según lo informó ayer el Observatorio de la Intervención.
El Observatorio, organización no gubernamental, dio a conocer los resultados de un balance sobre la violencia en la ciudad tras dos meses de haberse decretado la intervención, medida con la que el Gobierno busca frenar la ola de violencia que azota a esta ciudad y que dejó 6 mil 731 muertos el año pasado.
Su estudio concluyó que aumentaron tanto el número de matanzas (consideradas las que tienen tres o más víctimas) como la cantidad de disparos, en comparación con el mismo periodo del año pasado.
De acuerdo con los datos de la aplicación Fuego Cruzado, el año pasado se registraron seis matanzas con 22 víctimas durante los meses de marzo y abril. Este año, durante el mismo período, el número se duplicó, con 12 matanzas y 52 muertos.
En cuanto al número de tiros, el informe del Observatorio, basado en la misma aplicación, señaló que durante los dos meses anteriores a la intervención (enero y febrero) se registraron mil 299 disparos en Río, mientras que en los dos meses posteriores a la implementación del decreto (marzo y abril) se contaron mil 502.
Para la coordinadora del Observatorio, Silvia Ramos, eso significa que el nivel de violencia y criminalidad de Río de Janeiro “empeoró” después de la intervención.
“Cuando la gente compara lo que ocurrió en Río de Janeiro en los últimos dos meses, bajo intervención, con lo que había antes, percibimos que las condiciones de inseguridad y criminalidad se mantuvieron en un nivel tan alto como el que estaba antes o empeoró”, señaló Ramos.
