Buenos Aires/La Paz.— El expresidente de Bolivia Evo Morales presentó a los abogados constitucionalistas Gustavo Ferreyra y Eugenio Zaffaroni como sus defensores y asesores en materia judicial en Argentina ante las órdenes de detención por los supuestos delitos de terrorismo y sedición libradas en su contra.

El exmandatario y los juristas instaron que a partir del 23 de enero, cuando culminen los mandatos constitucionales vigentes, asuma el poder el presidente del Tribunal Supremo boliviano, tal y como dispone la cadena de sucesión.

Los abogados confirmaron que a Argentina no ingresó ningún pedido de extradición de Morales ni está vigente ninguna orden de detención en Interpol, según les informó el exjuez español Baltasar Garzón, quien integra el equipo internacional que asesora al exgobernante boliviano.

“El delito de sedición es objetivamente político y por ello no se puede pedir la extradición de nadie, según dice el tratado en la materia que firmamos con Bolivia en 2013”, subrayó Zaffaroni.

Por su parte, el exmandatario denunció “una persecución exagerada” y agradeció “la defensa contra la injusticia”.

“Nunca van a encontrar que Evo es corrupto”, aseguró el político.

La defensa argentina también sostuvo que Morales continúa como presidente constitucional de Bolivia, toda vez que “la Asamblea Legislativa Plurinacional no ha aceptado ni rechazado aún su renuncia”.

Conflicto con España

La canciller interina de Bolivia, Karen Longaric, se reunió este jueves con embajadores de los países miembros de la Unión Europea (UE) en La Paz para dialogar sobre el incidente que derivó en la expulsión de diplomáticos de España y México, medida que ha sido rechazada por el bloque europeo.

“Se despejaron muchas dudas acerca de los hechos del viernes pasado, pero fundamentalmente acerca de las razones que llevaron al gobierno a declarar personas no gratas a estos funcionarios”, dijo.

Además, el actual viceministro de Exteriores de Bolivia, Gualberto Rodríguez, ha sido nombrado nuevo encargado de negocios en España con el mandato específico de “restaurar y fortalecer las relaciones” bilaterales, según indicó Karen Longaric.

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