Bruselas.— La ayuda de 20 millones de dólares ofrecida por el G7 para combatir las llamas en el Amazonas, y que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, inicialmente rechazó en medio de una disputa con su homólogo francés, Emmanuel Macron, está lejos de reflejar un auténtico compromiso por salvar el “pulmón del planeta”.
Los ambientalistas sostienen que si el inquilino del Elíseo, como anfitrión de la cumbre de Biarritz, hubiera estado verdaderamente interesado en atacar de raíz del problema, debió utilizar el foro para actuar en contra de las firmas francesas involucradas en la deforestación de la selva.
Greenpeace afirma que hay empresas francesas implicadas en la tala clandestina y el tráfico a gran escala de maderas tropicales, particularmente de ipé o lapacho, un árbol de alto valor comercial (2 mil euros por metro cúbico).
Sostiene que los abusos tienen lugar a través de formas de fraude que hacen imposible distinguir la tala legal de la clandestina. “Algunos de los efectos de este delito ambiental ya son visibles a través de la degradación de los bosques, la destrucción de la biodiversidad y la intensificación de la violencia en el campo”, sostiene. La ONG identifica al menos 19 empresas francesas que se han abastecido de madera procedente de actividades extractivas dudosas, entre ellas Ets Pierre Robert & Cie, ISB France y SAS Peltier.
De marzo de 2016 a septiembre de 2017, las empresas francesas habrían importado 3 mil 2 metros cúbicos de madera ipé, la cual, por su alta resistencia, es utilizada para la construcción de residencias, bordes de piscinas, puertos deportivos, puentes y caminos. En la lista negra también figuran empresas portuguesas, belgas, holandesas, danesas, españolas, italianas y alemanas.
El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) sostiene que la contribución europea a la lucha contra la destrucción de la flora amazónica debería tener como punto de partida una drástica reducción de la demanda de productos de importación como la soya.
Anualmente, la UE importa 33.8 millones de toneladas de soya (habas, aceite y harinas). Holanda y Alemania destacan como los principales compradores, mientras que Brasil y Estados Unidos concentran la cadena de suministro.
La Comisión Europea prevé que la producción brasileña alcance las 129 millones de toneladas para 2027, lo que representará un aumento de 10% en comparación a los niveles de 2017. La reserva natural brasileña es testigo de un desastre causado por numerosos incendios. Los incidentes registrados entre enero y el 20 de agosto del presente año, constituyen un incremento de 145% en comparación con el mismo periodo de 2018. Greenpeace responsabiliza a la agricultura industrial de esta alarmante situación, aunque el arribo al poder de Bolsonaro ha agravado el problema: “Ha emprendido un desmantelamiento sistemático de la política ambiental del país, provocando así un catastrófico aumento de los incendios forestales”.
De acuerdo con un reporte suscrito por 26 organismos, entre ellos el Instituto de Política Agrícola y Comercial (IATP, por sus siglas en inglés) y Bosques del Mundo, la Unión Europea (UE) tiene a su disposición una batería de herramientas para frenar el “asalto” de Bolsonaro en la Amazonia. La carta más fuerte a disposición de Bruselas es la comercial. La UE es el segundo mayor socio de Brasil, concentrando 18.3% del comercio total. La comunidad es además la principal fuente de inversión directa, las transnacionales europeas representaron 56% de las firmas extranjeras activas en el país, en 2015.
El pasado 28 de junio la UE y Mercosur concluyeron las negociaciones relativas a la parte comercial de su Acuerdo de Asociación, el texto sujeto a su transcripción final, requiere aún de su rúbrica y aprobación de los Estados. “La UE ha permitido que la diplomacia económica anule la diplomacia climática y de derechos humanos (...) en lugar de seguir ignorando los significativos costos ambientales y sociales de su comercio con Brasil, la UE debe tomar inmediatamente medidas específicas”, detalla el texto.
