Bruselas.— El mayor espacio creado en el mundo para la libre circulación de personas, conocido como Schengen, se encuentra bajo creciente presión a pesar de que los flujos de migrantes sin papeles van a la baja.
Los ataques a uno de los mayores emblemas del proceso de integración europea están teniendo lugar en diversos frentes y desde gobiernos formados por partidos pertenecientes a todas las familias políticas, incluso de ideología proeuropea.
El caso más emblemático es el de Alemania, uno de los seis fundadores de lo que hoy conocemos como la Unión Europea (UE).
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El gobierno del canciller socialdemócrata Olaf Scholz introdujo a partir del 16 de septiembre controles migratorios aleatorios en sus fronteras con cinco países habitados por ciudadanos con estándares de prosperidad similares o por encima de los alemanes.
Los controles fronterizos móviles aplicados con Francia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Dinamarca, se suman a los que ya realizaba en los cruces con Polonia, República Checa, Austria y Suiza.
El gobierno teutón argumenta la medida en la necesidad de poner alto a la migración irregular, al contrabando de personas y a la situación de seguridad exacerbada por la situación en Medio Oriente y la amenaza terrorista.
En agosto, un solicitante de asilo sirio de 26 años apuñaló a varios transeúntes al azar durante un festival en la ciudad de Solingen, en el oeste del país. El ataque con cuchillo se cobró la vida de tres personas y otras ocho resultaron heridas.
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En junio, dos ataques más con armas blancas se registraron en la ciudad de Mannheim. Uno de ellos, atribuido a un inmigrante afgano, causó la muerte de un agente de policía y dejó cinco personas heridas. El otro incidente fue contra Michael Stürzenberger, un activista opositor al Islam y perteneciente de las filas de la ultraderecha.
La ministra del Interior alemana, Nancy Faeser, dijo que el país podría prolongar los controles fronterizos más allá del 15 de diciembre; podrían mantenerse hasta que las nuevas normas de asilo de la UE entren en vigor el próximo año.
La medida alemana no ha estado exenta de críticas y advertencias por sus implicaciones. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, consideró inaceptable la decisión de Alemania de “suspender de facto Schengen a gran escala”, mientras que la portavoz del Ministerio del Interior de la República Checa, Hana Malá, alertó que la medida podría provocar un efecto dominó en todo el espacio europeo de libre circulación de personas al suponer “una ruptura” en la legislación actual.
Algunos expertos han alertado sobre las consecuencias económicas que podría tener la ampliación de controles fronterizos. De acuerdo con la Agencia Federal de Empleo de Alemania, unas 240 mil personas de los países vecinos viajan diariamente a Alemania por motivos laborales. Hungría, país que ostenta la presidencia semestral de la UE, amenaza con enviar un convoy de autobuses de inmigrantes a Bruselas en protesta contra las políticas migratorias del bloque.
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El gobierno del euroescéptico Viktor Orbán además está explorando posibles vías legales para demandar en los juzgados a la Comisión Europea por los costos que genera la política migratoria comunitaria en materia de protección fronteriza. El jefe de gabinete de Orbán, Gergely Gulyás, dice que su país ha gastado 2 mil millones de euros en la protección de la frontera exterior de Schengen sin recibir ninguna compensación de Bruselas.
El espacio Schengen incluye a todos los Estados miembros de la UE excepto Irlanda y Chipre. En Bulgaria y Rumania se aplican sólo algunas de las disposiciones. Además de los países comunitarios, Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein también son Estados parte.
La Comisión Europea sostiene que hasta el 19 de septiembre, ocho países miembros mantenían controles temporales en las fronteras internas: Alemania, Austria, Eslovenia, Noruega, Italia, Dinamarca, Suecia y Francia. Si bien, en el pasado han habido suspensiones unilaterales temporales en el espacio comunitario de movilidad sin restricciones, los actuales ataques tienen lugar en un momento en el que el Ejecutivo comunitario reporta una caída de las entradas migratorias irregulares. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) afirma que los cruces irregulares de fronteras descendieron 39% durante los ocho primeros meses del presente año, con relación al mismo periodo de 2023.
Los descensos más significativos han tenido lugar en la zona de los Balcanes Occidentales, 77% y del centro del Mediterráneo, el espacio que registra la mayor actividad en el tráfico de personas. La guardia costera registró 41 mil 250 cruces ilegales entre enero y agosto, una disminución de 64%.
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En contraste, la ruta del Mediterráneo Oriental vio un crecimiento de 39%, para un total de 37 mil 163 travesías irregulares, al igual que la procedente de Africa Occidental. Las Islas Canarias han registrado cifras sin precedentes, 25 mil 500 llegadas durante el mismo periodo, lo que supone un crecimiento de 123%. Las fronteras terrestres orientales igualmente han registrado un aumento sustancial de las llegadas este año, 11 mil 270, un aumento de 193%. La actividad está asociada a la crisis en Ucrania y la guerra híbrida desarrollada por Rusia en complicidad con Bielorrusia, quien presiona a los aliados de Kiev expulsando migrantes, de acuerdo con los países receptores.
Los flujos migratorios están asociados a diversas variantes, como puede ser la situación política y de seguridad en los países de origen, aunque los descensos en el Mediterráneo y los Balcanes, en gran medida, están asociados a la política de externalización de la seguridad fronteriza, estrenada en Turquía en respuesta al éxodo que enfrentó Europa en 2015.
Desde entonces, el modelo basado en delegar en los países de tránsito la tarea de frenar la migración a cambio de sumas importantes de dinero, se ha venido replicando.
Después de Turquía siguió Libia y posteriormente Túnez. En julio de 2023, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el entonces premier holandés, Mark Rutte, pactaron una asociación estratégica en materia migratoria con el presidente tunecino Kais Saied, a cambio de un paquete económico valuado en mil millones de euros.
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A principios de este año, la Comisión Europea, en coordinación con Italia y España, extendió la “diplomacia migratoria” a Mauritania, Egipto y Marruecos. En marzo, el Ejecutivo comunitario prometió a Egipto un paquete financiero por 7 mil 400 millones de euros como parte de un plan de asociación estratégica para 2024-2027. La asociación abarca seis grandes prioridades, entre las que se encuentran seguridad, migración y movilidad.
Por su parte, Marruecos obtuvo 642 millones de euros en cooperación, de los cuales 152 millones son para acciones de gestión de fronteras, en tanto que Mauritania aspira a recibir 210 millones de euros a cambio de combatir los flujos hacia las Islas Canarias.
Para la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la estrategia ha sido exitosa.
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Las embarcaciones clandestinas procedentes de Túnez han disminuido este año 82%.
Una investigación publicada por Lighthouse Reports, una plataforma de periodismo colaborativo, reveló en mayo pasado que en Marruecos, Mauritania y Túnez, refugiados y trabajadores migrantes, algunos de ellos incluso con estatuto legal, son detenidos por el color de su piel, obligados a subir a autobuses y trasladados sin asistencia a regiones desérticas.
La plataforma de análisis y recolección de datos, Mixed Migration Centre, señala que la investigación vincula las acciones contra los migrantes con la financiación de la UE, lo que sugiere que dichos fondos están patrocinando violaciones en los países mencionados.