Washington.— Un juez federal de Estados Unidos ordenó frenar por al menos una semana la “deportación masiva” de las familias recientemente reunificadas y que fueron separadas en la frontera por culpa de la política antiinmigrante de la administración del presidente Donald Trump, conocida como “Tolerancia Cero”.
El juez Dana Sabraw accedió a la petición de la American Civil Liberties Union (ACLU), organización que lidera la batalla judicial contra el gobierno, de dar a las familias tiempo suficiente para que, una vez reunificadas, decidan qué hacer con su futuro, ya sea buscar asilo o cualquier otra opción, con una reflexión suficiente para saber qué decisión tomar.
“Por culpa de las separaciones ilegales, padres e hijos no han tenido la oportunidad de tener conversaciones significativas sobre las opciones familiares”, se quejó ACLU ante el juez. Normalmente, el proceso da tiempo para que puedan tomar las decisiones con un plazo razonable; las separaciones impidieron que eso fuera así.
Además, padres e hijos vivieron procesos —judiciales y de inmigración— separados, por lo que algunos tuvieron que tomar decisiones —como la deportación directa a cambio de reunificarles con sus hijos, una opción que fue revocada por las cortes— sin poder consultarlo con sus familiares.
Por el momento, los que ya están reunidos tendrán una semana para ver qué hacer y decidir cuál es el siguiente paso para cada uno de ellos.
ACLU defendió que deportarles podría vulnerar su derecho a pedir asilo, y el juez le dio la razón.
Además, muchos padres e hijos migrantes recién reunificados, algunos de ellos tras permanecer varios meses separados, viven con el temor de que su reunión sea sólo el preludio de una “deportación masiva”, un rumor que se ha extendido por la comunidad. Las autoridades federales no lo negaron.
La semana de pausa en las deportaciones es exactamente el plazo que tiene el gobierno para responder a las preocupaciones de ACLU, que además de la vulneración de derechos y la falta de debido proceso, se añade la necesidad de las familias por superar el trauma provocado por las autoridades.
Tomar una decisión no es tan fácil como pudiera parecer, debido a que, desde hace unas semanas, el gobierno de Trump endureció la normativa para ser aceptado bajo el programa de asilo. Ahora ya no serán admitidos aquellos que soliciten asilo alegando miedo a violencia doméstica o de pandillas, y les será denegada directamente la solicitud.
Mientras, el gobierno de Trump sigue con su carrera contrarreloj para cumplir la orden de reunificar a padres e hijos.
Según dijeron el lunes ante la corte de San Diego, California, el último recuento pone en 2 mil 551 los niños migrantes separados de sus padres, todos ellos con edades comprendidas entre los cinco y los 17 años. La administración tiene hasta el 26 de julio para juntarlos de nuevo.
Según informaron, las reunificaciones de estos menores ya empezó, algo que el juez celebró.
“Es un buen inicio para que un gran número se produzca muy muy rápido”, apuntó. El juez ha programado tres audiencias en dos semanas para hacer un seguimiento exhaustivo de que se cumple el calendario de reagrupaciones familiares.
