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Estados Unidos evaluará si la pena de muerte es aplicable a seis de los 29 narcos entregados por México, entre los que se incluye Rafael Caro Quintero.
En un comunicado, el Departamento de Justicia de EU indicó que "muchos de los acusados fueron objeto de solicitudes de extradición de larga data de Estados Unidos que no fueron atendidas durante el gobierno del presidente Joe Biden, pero que el gobierno mexicano decidió transferir al actual gobierno de Estados Unidos en respuesta a los esfuerzos del Departamento de Justicia de conformidad con la directiva del Presidente Trump en la Orden Ejecutiva 14157, titulada Designación de Cárteles y Otras Organizaciones como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados, para buscar la eliminación total de estos cárteles”.
Otra orden relevante es la 14164, titulada Restablecimiento de la Pena de Muerte y Protección de la Seguridad Pública, además de la guía del Fiscal General del 5 de febrero con respecto a la pena de muerte.
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Por ejemplo, en el caso de Rafael Caro Quintero, cuya acusación estará en el Distrito Este de Nueva York, las penas son de muerte o cadena perpetua.
Otros casos en los que se mencionan las mismas penas de muerte o cadena perpetua son en el de José Rodolfo Villarreal Hernández, Vicente Carrillo Fuentes, Andrés Clark, Luis Geraldo Méndez Estevane, Aliso Martín Sotelo.
¿Cuáles son las órdenes importantes y los memorándums a tomar en cuenta?
En la orden 14164 se menciona que "es política de Estados Unidos asegurar que las leyes que autorizan la pena capital se respeten y se apliquen fielmente, y contrarrestar a los políticos y jueces que subvierten la ley obstruyendo e impidiendo la ejecución de las sentencias capitales".
Además, "el fiscal General aplicará la pena de muerte para todos los delitos cuya gravedad exija su aplicación. (b) Además de buscar la pena de muerte cuando sea posible, el Fiscal General, cuando sea compatible con la ley aplicable, buscará la jurisdicción federal y solicitará la pena de muerte independientemente de otros factores para cada delito capital federal que involucre: (i) El asesinato de un agente de la ley; o (ii) Un delito capital cometido por un extranjero presente ilegalmente en este país".
También se dice que "el fiscal General tomará todas las medidas necesarias y legales para asegurar que cada estado que permita la pena capital tenga un suministro suficiente de los medicamentos necesarios para llevar a cabo la inyección letal".
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En el caso de la orden 14157, en la que se solicita la designación de los cárteles de la droga y otras organizaciones extranjeras como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) o terroristas globales especialmente designados (SDGT), se especifica que entran en esa categoría los cárteles De Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), Del Noreste (CDN), La Nueva Familia Michoacana (LNFM), Cártel del Golfo (CDG) y Cárteles Unidos (CU), además del Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13).
Anteriormente, la fiscal general Pam Bondi emitió una guía respecto a la pena de muerte. En éste se ordena aplicar la medida, que se suspendió durante la administración Biden, y que comience a solicitar la pena capital en los casos apropiados, señalando que se espera que los fiscales “soliciten la pena de muerte en casos que involucren el asesinato de un agente de la ley y delitos capitales cometidos por extranjeros que se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos”.
En otro memorándum Bondi ordenó la "eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales". Añadió que para los "líderes y administradores de cárteles y las organizaciones criminales terroristas, los delitos más graves y fácilmente demostrables incluirán crímenes capitales, terrorismo, extorsión y delitos continuos de empresa criminal".
Para los criminales de bajo nivel, añade que se evitará su persecución penal priorizando su deportación cuando carezcan de estatus migratorio legal.
También se debe tomar en cuenta "cualquier delito violento previo conocido o que se sospeche haya cometido la víctima". Además, se buscará la "eliminación de impedimentos burocráticos a los procesamientos".
Se priorizarán "las investigaciones relacionadas con el soborno transnacional que facilite las operaciones delictivas de cárteles y organizaciones criminales transnacionales".
El Departamento de Justicia indicó tras la entrega de 29 narcotraficantes que fue "en respuesta a los esfuerzos del Departamento de Justicia de conformidad con la directiva del Presidente Trump en la Orden Ejecutiva 14157, titulada Designación de Cárteles y Otras Organizaciones como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados , para buscar la eliminación total de estos cárteles". En el documento no se agradece al gobierno mexicano.
Estos traslados ocurren el mismo día en que autoridades mexicanas se reunieron en Washington con el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros funcionarios estadounidenses y acordaron efectuar "acciones coordinadas" contra el narcotráfico, informó el gobierno mexicano.
El "objetivo central" del plan es "disminuir las muertes" por fentanilo en Estados Unidos y el tráfico de armas desde ese país que terminan en manos de los cárteles mexicanos, añadió en un comunicado.
Dicho encuentro se enmarca en los esfuerzos para evitar que Washington imponga aranceles del 25% a las importaciones mexicanas a partir del próximo martes.
Martha Bárcena, embajadora eminente, posteó que "México nunca ha extraditado a mexicanos que puedan ser sujetos a la pena de muerte".
El acuerdo binacional de extradición no permite la pena de muerte; no obstante, el gobierno mexicano ni EU hablan de "extradición".
*Con información de AFP
mgm
