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Washington.— La escalada de Estados Unidos con Venezuela se mantiene: el gobierno estadounidense advirtió que confiscará el petróleo del buque cisterna que asaltó el miércoles ante las costas venezolanas y además impondrá sanciones contra sobrinos del presidente Nicolás Maduro y navieras que transporten crudo venezolano.
El secretario general de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, se declaró “preocupado” por la incautación del buque, sancionado desde hacía años por transportar crudo de países como Venezuela e Irán.
El personal del buque está siendo interrogado y el navío será conducido a un puerto estadounidense, anunció la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
El petrolero, que en el pasado navegaba bajo el nombre de Adisa, había sido identificado por el Departamento del Tesoro en 2022 por presuntos vínculos con el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán y Hezbolá.
Al momento de ser abordado transportaba 1.1 millones de barriles de crudo. “Hay un proceso legal para la confiscación de ese petróleo, y ese proceso legal será llevado a cabo”, declaró la portavoz.
La incautación fue un golpe al “régimen” socialista de Caracas, declaró en el Congreso la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem.
Cuando se le pidió que delineara el papel de la Guardia Costera, Noem calificó la incautación de la embarcación como “una operación exitosa ordenada por el presidente para asegurarnos de que estamos combatiendo a un régimen que está cubriendo y llenando nuestro país sistemáticamente con drogas letales y matando a nuestra próxima generación de estadounidenses”.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, calificó como acto de “piratería naval criminal” el decomiso. “Secuestraron a los tripulantes, se robaron el barco y han inaugurado una nueva era, la era de la piratería naval criminal en el Caribe”, dijo en un acto presidencial.
El líder del régimen indicó que ha dado instrucciones para tomar las “debidas acciones legales, diplomáticas” en todas las instancias, y acusó a la líder de la oposición, María Corina Machado, de “aplaudir” en Oslo el “secuestro” del petrolero.
Esta operación iba acompañada de una orden de decomiso, en manos del FBI. Decomisar crudo representa una significativa escalada en la campaña de hostigamiento contra Venezuela, un país devastado por la crisis económica y aislado políticamente, que sobrevive gracias a la venta de sus recursos naturales.
Sheinbaum llama a respetar los tratados internacionales
Mientras, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró la postura del país a favor del respeto al derecho internacional y la no intervención en los asuntos internos de otros pueblos. Subrayó que “estamos de acuerdo con los tratados internacionales, con el respeto de los tratados internacionales, con la no intervención, con la solución pacífica de los conflictos. Y siempre México debe velar por ello”, afirmó.
Recordó que estos principios no sólo forman parte de la tradición diplomática del país, sino que están establecidos en la Constitución. “Primero porque es convicción y segundo porque está en la Constitución de la República, y todo presidente o presidenta tiene que guiarse por los principios de política exterior de la Constitución”, señaló. Agregó: “Es algo de lo que México es ejemplo ante el mundo y esa debe seguir siendo siempre nuestra posición”.
El líder venezolano habló por teléfono con Putin. “Vladimir Putin expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y confirmó su apoyo a la política del gobierno de Maduro”, informó el Kremlin. Según la presidencia rusa, confirmaron su “compromiso mutuo” con puesta en marcha de proyectos ruso-venezolanos.
A su vez, el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, se reunió con el embajador de Venezuela en Rusia, Jesús Rafael Salazar Velásquez, por segunda vez en dos semanas en medio de la presión de la administración Trump. Lukashenko aseguró que este encuentro debía servir para tomar una “decisión” sobre la situación en Venezuela, pero no dio más detalles.
La presión se estrecha sobre Maduro y su familia. Además de las acusaciones formales contra el propio mandatario en un tribunal de Nueva York, dos de sus sobrinos fueron detenidos en Haití en 2016, acusados de narcotráfico. Franqui Francisco Flores de Freitas y su primo Efraín Antonio Campos Flores, sobrinos de Cilia Flores, la esposa de Maduro, fueron condenados en 2017 en Nueva York, y liberados posteriormente por el presidente demócrata Joe Biden, a cambio de siete presos estadounidenses en Venezuela.
El Departamento del Tesoro retomó ahora el caso y anunció nuevas sanciones contra Flores de Freitas y Campos Flores, así como contra otro sobrino, Carlos Erik Malpica Flores. Las sanciones también incluyen a un empresario, seis compañías navieras y seis barcos con bandera venezolana acusadas de transportar petróleo venezolano.
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