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Ciudad de Guatemala.- El gobierno estadounidense anunció a través del vocero del Departamento de Estado Matthew Miller que sancionó a más de una docena de personas originarias de Guatemala, entre ellas funcionarios, empresarios y particulares, por socavar la democracia y el Estado de Derecho al intentar afectar el proceso electoral.
El detalle de quiénes han sido sancionado no se hizo público, como ha ocurrido en otras ocasiones.
“Estados Unidos rechaza los continuos esfuerzos por socavar la transición pacífica del poder de Guatemala al presidente electo (Bernardo) Arévalo”, dijo Miller. ”Los guatemaltecos ha hablado. Sus voces deben ser respetadas”, agregó.
Las sanciones llegan en medio de la arremetida del Ministerio Público contra el presidente electo Bernardo Arévalo, el Movimiento Semilla —el partido que lo llevó a ganar la presidencia—, las elecciones, los magistrados electorales y los más de 100 mil ciudadanos que de forma voluntaria participaron en la recolección, conteo y protección de los votos.
Las sanciones por “acciones antidemocráticas” incluyen la restricción de visados para entrar a suelo estadunidense y se extienden a las familias de los sancionados.
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La fiscal general Consuelo Porras y sus fiscales Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso, Leonor Morales, así como el juez Fredy Orellana han llevado a cabo acciones judiciales contra quienes han participado en el proceso electoral incluidos allanamientos a las sedes electorales, revisión voto por voto y secuestro de actas electorales dentro de varias investigaciones que incluyen una denuncia por supuesto fraude electoral.
El juez Orellana ordenó suspender la personalidad jurídica del partido de Arévalo a través de una ley ordinaria, pero el Tribunal Supremo Electoral se negó ha hacerlo aduciendo que la Ley Electoral y de Partidos Políticos, de rango constitucional, le otorga esa facultad sólo a esa entidad y que no se puede realizar durante el periodo electoral, que finalizó el martes.
Las acciones de la fiscalía han generado rechazo a nivel nacional e internacional y fueron la razón por la cual miles de personas, lideradas por organizaciones indígenas, cerraron por 20 días más de 100 tramos carreteros en señal de protesta. Las organizaciones permanecen hace casi un mes frente a las instalaciones de la Fiscalía General en reclamo de la renuncia de Porras y sus fiscales, a quienes señalan de intentar hacer un golpe de Estado.
El martes el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pidió en su conferencia de prensa matinal “que se respete la voluntad del pueblo de Guatemala” porque hubo una “elección democrática” en la que el pueblo eligió a Arévalo, un hombre “integro, responsable, honesto”.
Porras, Curruchiche, Monterroso y Orellana ya han sido sancionados por el gobierno estadounidense por obstruir la lucha anticorrupción, socavar la democracia y emitir resoluciones judiciales con fines políticos.
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