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Buenos Aires. La justicia argentina investiga el arribo al país de un avión procedente de Estados Unidos con varias valijas que no habrían sido sometidas a los controles aduaneros y cuya única pasajera, de extracción conservadora, se ha mostrado públicamente junto al presidente argentino Javier Milei.
Funcionarios del gobierno han negado el martes cualquier irregularidad en lo que ya se conoce en Argentina como el "escándalo de las valijas", que se originó en febrero y ha tomado fuerza en las últimas horas a raíz de un dictamen de dos fiscales que han señalado varias irregularidades en torno al vuelo privado y al tratamiento del equipaje que llevaba a bordo.
El caso es seguido con atención porque en el avión arribado el 26 de febrero a Buenos Aires viajaba Laura Belén Arrieta, quien participó en la organización de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) —foro de activistas conservadores de Estados Unidos— en diciembre de 2024 en Washington, a la que asistió el presidente Milei, quien se fotografió con ella.
Arrieta es empleada del empresario argentino Leonardo Scatturice, señalado por la prensa local como uno de los nexos entre el gobierno argentino y el círculo cercano al presidente estadounidense, Donald Trump, impulsor de esas cumbres conservadoras, y a quien Milei considera un estrecho aliado.
Pocos días antes del arribo de la aeronave, Milei, un neoliberal de extrema derecha, había asistido a otra edición de la CPAC en Washington.
Juan Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, defendió el martes el accionar de sus funcionarios al salir al paso de las imágenes de videos que los fiscales Claudio Navas y Sergio Rodríguez incluyeron en su dictamen que acreditarían —según acotaron— que el equipaje del avión que llegó al aeroparque no pasó por la revisión que sí fue aplicada al resto de los viajeros de otros vuelos que llegaron esa mañana al país.
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Pazo sostuvo que el escaneo de maletas es “una facultad selectiva del personal de Aduana” y que el avión había partido de Estados Unidos, por lo que ya había cumplido “con todos los procedimientos de seguridad del país”.
The Associated Press intentó tener una opinión de Manuel Adorni, portavoz del presidente Milei y quien cinco meses atrás, cuando se conoció el caso, había descartado ante la prensa cualquier irregularidad, sin éxito por ahora.
El dictamen al que tuvo acceso la AP destacó “la discrepancia entre los cinco bultos declarados oficialmente” y las imágenes que muestran más de 10 trasladados por el grupo vinculado al vuelo.
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“Se observa que, mientras el área se encontraba libre de aglomeraciones”, los dos tripulantes y la pasajera del vuelo “fueron reconducidos por personal aduanero... hacia una vía secundaria, sin atravesar los escáneres ni ser sometidos a revisión de equipaje”, señaló el escrito.
Agregó que además se habrían cometido deficiencias en el registro migratorio de los dos tripulantes y la pasajera y falta de documentación que acredite la inspección del contenido de la aeronave. Asimismo, indicó que existen dudas respecto a si el avión salió del aeropuerto declarado de Fort Lauderdale o desde Opa-Locka, también en Florida.
Los fiscales recomendaron varias medidas para avanzar en la investigación en su dictamen elevado a un juez. No hicieron alusión al contenido de esos bultos, que sigue siendo desconocido.
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Arrieta y los dos tripulantes del avión son empleados de la compañía OCP Tech, dueña de la aeronave y conducida por Scatturice. La empresa ha señalado en un comunicado reproducido por la prensa que “la aeronave, la tripulación y la pasajera cumplieron con todos los controles establecidos en su ingreso al país”.
El avión permaneció en Buenos Aires desde el 26 de febrero hasta el 5 de marzo, cuando partió hacia París realizando una escala previa en Tenerife.
ss/mcc