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San José. – Un misterio que combina toque de queda y restricción de movilidad vehicular por el coronavirus y presunto abuso policial rodeó las horas finales de la vida de la hondureña Keyla Patricia Martínez, estudiante de enfermería de 26 años que pereció en la madrugada del pasado 10 de febrero tras permanecer en un calabozo de Puerto Lempira, en el nororiente de Honduras.
Martínez se sumó a un acumulado de más de 6 mil 900 asesinadas en Honduras de 2002 a 2020, a 30 al mes y una al día, en un historial de feminicidios cubierto por otro manto: 95% está en la impunidad, según datos oficiales.
Con 406 en 2019 y 318 en 2020, Honduras reportó 30 en los primeros 40 días de 2021, de acuerdo con las cifras.
La joven fue retenida al filo de la medianoche del 9 de febrero por un retén policial junto con un amigo médico —Édgar José Velásquez— con el que se movilizó a bordo de un vehículo por Puerto Lempira, capital del departamento (estado) de Gracias a Dios.
La pareja fue obligada a salir del automóvil, propiedad del galeno, y detenida porque supuestamente violó las restricciones impuestas para prevenir el Covid-19.
La Policía Nacional aseguró en un comunicado que Martínez y Velásquez fueron arrestados “por escándalo en la vía pública en estado de ebriedad e incumplimiento al toque de queda”.
Una demanda de justicia surgió en Honduras en febrero pasado por el asesinato de la hondureña Keyla Patricia Martínez supuestamente cometido por policías de ese país. Foto: AFP
Ambos fueron llevados a una estación policial y colocados en celdas separadas pero aledañas. De manera sorpresiva, agentes policiales la sacaron del aposento carcelario y, esposada, la trasladaron de urgencia en la madrugada del 10 al Hospital Enrique Aguilar Cerrato, de Puerto Lempira, al que ingresó ya sin vida, según el centro de salud.
Un primer informe policial aseguró que Martínez se suicidó, pero la Fiscalía General de Honduras confirmó que fue asesinada y que falleció por “asfixia mecánica-obstrucción de las vías respiratorias”.
“Eso no es un incidente aislado”, acusó la diputada hondureña Doris Gutiérrez, del opositor Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINUSD), al recordar que el Estado hondureño, mediante la instancia policial, estaba obligado a cuidar a Martínez y a “brindarle y garantizarle su seguridad”.
“Sólo refleja la conducta violenta de los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley”, advirtió.
Al fustigar a una comisión legislativa creada en 2016 para adecentar el trabajo de la seguridad hondureña, la diputada denunció: “No transformaron nada, la única transformación que hay es que ahora las mujeres sentirán terror al ser detenida”.
Las protestas callejeras con reclamos de justicia estallaron en febrero pasado por el asesinato de la hondureña Keyla Patricia Martínez, presunta víctima de policías. Foto: ARCHIVO
El comisionado Jair Meza, inspector general de la Policía, anunció que el caso será indagado a profundidad, aunque esas promesas similares nunca se cumplieron y agudizaron la desconfianza con el aparato policial y su pérdida de credibilidad.
Las protestas callejeras estallaron por la muerte de Martínez.
“Se va a investigar hasta el último detalle en este caso y si hay algún funcionario que está involucrado, tanto administrativa como penalmente, nosotros mismos vamos a proceder contra él”, aseveró Meza.
