San José
Al cumplirse hoy 11 meses del estallido de las multitudinarias protestas antigubernamentales en Nicaragua, la cúpula nicaragüense de poder demostró que sigue leal a un sostenido y estricto apego a una fórmula política para enfrentar a la oposición: garrote y zanahoria.
En una aparente flexibilidad, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ostentaron el pasado viernes el mando absoluto que mantienen sobre los poderes Ejecutivo, Judicial, Legislativo y Electoral y liberaron a 50 presos políticos nicaragüenses con la presunta intención de allanar el camino de un diálogo con los opositores.
Sin embargo, Ortega desató al día siguiente una oleada de represión política y desplegó a sus fuerzas policiales y paramilitares para impedir que la oposición marchara en paz en uso de las libertades de movilización y de expresión. El operativo, que dejó unos 165 detenidos y la casi totalidad ya liberados, trituró la opción de un diálogo viable entre oficialistas y opositores.
“La tiranía habla de diálogo y reconciliación, pero su único lenguaje es el de las armas”, dijo el abogado nicaragüense Gonzalo Carrión, asilado en Costa Rica tras huir este año de Nicaragua por laborar en el (no estatal) Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. “El lenguaje del gobierno es atacar con fusiles de guerra a personas desarmadas”, añadió, a consulta de EL UNIVERSAL.
En un afán de exhibir una presunta normalidad en la vida cotidiana de los nicaragüenses, el aparato de propaganda del gobierno ocultó los sangrientos actos represivos del sábado y, en contraste, argumentó que Nicaragua vivió un fin de semana de alegría.
“Un fin de semana tranquilo para disfrutar de las playas, las fiestas patronales, veladas deportivas y sobre todo la calma, la serenidad, la paz son expresiones arraigadas en nuestro pueblo nicaragüense”, aseguró El 19, diario digital controlado por la pareja gobernante y por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Pero la realidad es de tensión tras la violenta jornada sabatina, en una crisis sin visos de solución. El 18 de abril de 2018, y en repudio a una reforma de Ortega a la seguridad social, miles de nicaragüenses se lanzaron a protestar en las calles y la violenta respuesta del gobierno dejó muertos, heridos y detenidos.
Ortega derogó la reforma, pero los masivos reclamos detonaron una multitudinaria exigencia opositora para pedir la dimisión del dúo presidencial —acusado de ser una dictadura dinástica—, adelantar los comicios de 2021 a 2019 y restablecer la democracia, con libertad y justicia. El matrimonio gobernante rechazó las peticiones.
El balance preliminar de 11 meses de crisis es de unos 325 muertos, aunque Ortega sólo reconoció 199, más de 700 presos políticos, miles de heridos y un escenario de caos socioeconómico, con más de 300 mil nuevos desempleados. Con esas cifras, otro saldo es que Ortega y Murillo negaron que reprimieran a su pueblo y ratificaron que… quieren la paz.
