En Nicaragua, 38 detenidos en jornada de violencia

Managua.— La Policía de Nicaragua reprimió ayer a un grupo de opositores y detuvo a 38 personas cuando pretendían protestar en las calles de Managua contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.

El episodio, enmarcado en la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril pasado y ha dejado centenares de muertos, fue repudiado por organismos internacionales, que instaron a Ortega a respetar los derechos ciudadanos y la libertad de manifestación.

Los hechos se produjeron cuando un grupo de personas estaba a la espera de sumarse a una protesta convocada por la coalición opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, que finalmente no se realizó.

Decenas de agentes antimotines y policías se presentaron en el lugar y comenzó un enfrentamiento con los opositores. La policía confirmó que detuvo a 38 personas, de las cuales ocho fueron liberadas por la tarde.

La institución emitió un comunicado en el que indicó que “realiza las investigaciones para determinar niveles de responsabilidad penal de los detenidos y los remitirá a las autoridades competentes para su enjuiciamiento”.

Agregó que gracias a su intervención se “garantizó el orden y la seguridad en la capital ante los intentos de agrupaciones terroristas, golpistas y criminales que en los últimos meses han estado desarrollando acciones que violentan la paz y la tranquilidad”.

Los “blanquiazules” prometieron seguir con las protestas, mientras la policía reitera que no va a permitir manifestaciones “que no cuenten con el debido permiso.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, exigió a Ortega que libere a los detenidos, respete su derecho a la protesta pacífica y cese la represión.

En Costa Rica, la ex mandataria Laura Chinchilla pidió al gobierno de su país que convoque a la OEA para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la OEA, expresó su “profunda preocupación” por los arrestos y reiteró que “la protesta social es un derecho legítimo de los ciudadanos”,