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El nicaragüense Roberto José Rivas Reyes se instaló para siempre en los renglones más oscuros de la historia de Nicaragua.
Por corrupción y abuso de los derechos humanos y en un acto sin precedentes en las relaciones Wa-shington-Managua en el siglo XXI, el gobierno de Estados Unidos sancionó en diciembre anterior a Rivas como presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, principal operador político de la pareja presidencial nicaragüense —el mandatario Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo— en los denunciados fraudes ocurridos en los comicios de ese país desde 2008.
EU congeló activos de Rivas, denunció “públicamente los atroces actos cometidos” y le canceló la visa. El Departamento del Tesoro de EU precisó que Rivas, como presidente del poder electoral de Nicaragua, tiene un salario “reportado” de 60 mil dólares al año, pero acumula “una riqueza personal considerable, que incluye propiedades múltiples, aviones privados, vehículos de lujo y un yate”.
Apasionado de los aviones ejecutivos y propietario de automóviles de lujo y de opulentas mansiones dentro y fuera de Nicaragua, Rivas es más que el jerarca electoral de su país: es el símbolo de las prebendas obtenidas vía fraude electoral en esa empobrecida nación.
Pero Rivas es sólo una pieza de la gigantesca corrupción que azota a América Latina y el Caribe. En diciembre pasado, por ejemplo, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, entró a un club de siete mandatarios y 12 ex gobernantes de América Latina y el Caribe cuestionados por presunta corrupción política.
Una comisión especial de la Asamblea Legislativa de Costa Rica determinó que, en el más grave caso de corrupción en la historia de este país con un negocio de importación de cemento desde China con dinero de un banco estatal, Solís faltó al deber de probidad y solicitó a la estatal Procuraduría de la Ética que investigue la actuación del jefe de Estado. Solís rechazó los cargos.
Los cuestionamientos que rodean a Solís y Rivas están desligados del más grave escándalo que azota a la zona en el siglo XXI y que emergió a finales de 2016 en torno a un apellido: Odebrecht, empresa constructora de Brasil. De Costa Rica, Panamá, Colombia y Brasil a Venezuela, Perú, Ecuador y Guatemala, los escándalos estrechan el cerco a siete presidentes, en una zona con 13 ex mandatarios —seis están presos— en procesos judiciales por una mezcla de negocios públicos y privados que golpeó a partidos políticos, poderes legislativos y judiciales y a otras instituciones estatales.
Aunque la mayoría está ligada a sobornos de Odebrecht en 10 países latinoamericanos y caribeños, también hay otros negociados.
En la lista hay 13 ex gobernantes con investigaciones en su contra: la argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015); los peruanos Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016 y preso en Perú); los costarricenses Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) y Óscar Arias Sánchez (2006-2010); los salvadoreños Antonio Saca (2004-2009 y preso en El Salvador) y Mauricio Funes (2009-2014 en el exilio en Nicaragua); el panameño Ricardo Martinelli (2009-2014 y preso en EU); el hondureño Rafael Callejas (1990-1994 y encarcelado en EU); los guatemaltecos Otto Pérez Molina (2012-2015 y preso en Guatemala) y Álvaro Colom Caballeros (2008-2012 y preso en Guatemala) y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010, condenado, pero libre).
La trama Odebrecht acorrala a los presidentes Juan Manuel Santos, de Colombia; Nicolás Maduro, de Venezuela; Juan Carlos Varela, de Panamá, y Pedro Pablo Kuczynski, de Perú.
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, logró evadir en agosto de 2017 las denuncias de presunta corrupción por financiamiento electoral ilícito. El presidente de Brasil, Michel Temer, está denunciado porque supuestamente recibió millonarios sobornos de una compañía cárnica.
Por el escándalo Odebrecht, Jorge Glas, ex vicepresidente de Ecuador, fue condenado en diciembre pasado a seis años de cárcel. La guatemalteca Roxana Baldetti, vicepresidenta de Guatemala de 2012 a 2015, está presa por presunto fraude aduanal y otros delitos y podría ser extraditada a EU por nexos con el cártel mexicano de Los Zetas para traficar drogas. Balde-tti aceptó la extradición.
