La embajada de Estados Unidos en Nicaragua recomendó hoy a sus ciudadanos no exponerse en las protestas contra el presidente Daniel Ortega, ya que policías y otros grupos del Gobierno han actuado "con violencia" frente a las manifestaciones.
"La policía, parapolicías y otros grupos controlados por el gobierno frecuentemente han respondido a las manifestaciones prodemocráticas con violencia ", advirtió la sede diplomática, en un comunicado.
El aviso fue emitido esta mañana, y coincidió con una inusual presencia de agentes de la Policía Nacional en Managua , luego de que grupos de manifestantes autoconvocados anunciaron la marcha "Unidos denunciando crímenes de lesa humanidad", en protesta contra Ortega.
La embajada estadounidense recomendó a sus ciudadanos alejarse de las protestas y resaltó que "la seguridad sigue siendo precaria" en Nicaragua, "con una actividad delictiva significativamente mayor en el país, especialmente después del anochecer".
La última manifestación de los autoconvocados, realizada el domingo pasado, dejó un saldo de 1 muerto, 5 heridos y 10 personas arrestadas.
Los organizadores denunciaron, con grabaciones en videos, que fueron atacados deliberadamente por policías y parapolicías, en tanto las autoridades policiales reportaron un "intercambio de disparos" entre los manifestantes.
Los ataques a las protestas contra Ortega han dejado al menos 512 muertos y mil 428 personas "secuestradas por parapolicías" desde el 18 de abril pasado, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
La oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por "más de 300 muertos", así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Ortega, quien reconoce 199 muertos y más de 200 arrestos, niega responsabilidad y considera que la crisis se debe a un intento de "golpe de Estado".
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, iniciaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de su renuncia, a raíz de las decenas de muertes reportadas en las manifestaciones.
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