Al elegir al multimillonario Elon Musk como “nuestro recortador de costos” para el gobierno de Estados Unidos, el virtual presidente electo Donald Trump no será el primer mandatario estadounidense en darle poder a un magnate empresarial para busca la manera de reducir drásticamente las regulaciones federales.
El presidente Ronald Reagan nombró a J. Peter Grace para encabezar una comisión de reducción de costos burocráticos en 1982. Sin embargo, el magnate de la industria química tenía menos conflictos de interés de los que actualmente enfrenta el hombre más rico del mundo.
SpaceX, una de las compañías de Musk, tiene contratos por miles de millones de dólares con la NASA. Es el director general de Tesla, una empresa de automóviles eléctricos que recibe incentivos fiscales del gobierno y está sujeta a normas de seguridad automotriz. Su plataforma de redes sociales X, la startup de inteligencia artificial xAI, el fabricante de implantes cerebrales Neuralink y la compañía de construcción de túneles Boring se entrelazan todas de alguna manera con el gobierno federal.
“Hay conflictos directos entre sus negocios y los intereses del gobierno”, señaló Ann Skeet, directora de ética de liderazgo en el Centro Markkula de la Universidad de Santa Clara. “Ahora (Musk) se encuentra en una posición en la que puede tratar de obtener beneficios para esas empresas”.
Musk también es más influyente. Luego de haber invertido alrededor de 200 millones de dólares a través de su comité de acción política para ayudar a elegir a Trump, se ha convertido en una figura habitual en Mar-a-Lago desde las elecciones presidenciales y mantiene un diálogo constante con políticos afines, desde el presidente de Argentina, Javier Milei, hasta la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.
Trump ha dicho que Musk y el excandidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy estarán al frente de un nuevo “Departamento de Eficiencia Gubernamental”, o DOGE, —un nombre de broma que hace referencia a la criptomoneda Dogecoin y apela al sentido del humor de Musk.
“Finalmente tenemos un mandato para eliminar la montaña de sofocantes regulaciones que no sirven al bien común”, dijo Musk el miércoles en X.
Trump ha dicho que Musk y Ramaswamy trabajarán desde fuera del gobierno para ofrecer “asesoría y orientación” a la Casa Blanca y trabajarán en colaboración con la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca para impulsar una reforma estructural —parte de la cual sólo podría realizarse a través del Congreso.
“Si es una comisión, es externa al gobierno” y Musk no podría tener una oficina en la Casa Blanca ni un título oficial del gobierno, dijo Richard Painter, un abogado de ética de la Casa Blanca durante el gobierno de George W. Bush. “Entonces, el presidente toma el consejo o no”.
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Si fuera una verdadera agencia gubernamental, sin embargo, Musk infringiría las leyes federales de conflicto de intereses a menos que se desvincule de sus negocios o se recuse de los asuntos gubernamentales en los que sus empresas están involucradas, dijo Painter.
Trump podría otorgar una inusual exención que exima a Musk de esas leyes, una medida que ha sido impopular entre las esferas políticas en ocasiones anteriores, dijo Painter.
Tesla, SpaceX y X no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre si Musk se recusaría. El equipo de transición de Trump tampoco respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Sin importar la estructura, se tiene previsto que las ideas de Musk tengan influencia.
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