San José. – En 15 días de diálogo en México con el gobierno de Colombia, la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) —última insurgencia comunista de América y declarada en 2001 por Estados Unidos como fuerza terrorista global— logró un éxito en la mesa del proceso de paz: la comitiva del presidente Gustavo Petro aceptó concederle la identidad “jurídico legal” de “organización política armada rebelde”.
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En un acuerdo conjunto que divulgaron el sábado anterior, ambos bandos definieron los factores “sin los cuales es imposible desarrollar con claridad y firmeza este proceso de paz”. Como primer paso, se le otorgó carácter legal de “organización política armada rebelde” al ELN por ser el movimiento con el que el gobierno “adelanta diálogos de paz”, agregaron.
La medida será clave para la situación actual y futura del ELN, que podría convertirse en fuerza política legal en la eventualidad de suscribir la paz.
El ELN siempre rechazó el calificativo que EU le hizo en 2001 de ser Organización Terrorista Extranjera (FTO por sus siglas en inglés) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT por sus siglas en inglés). La Unión Europea (UE) la catalogó en 2004 como terrorista.
“El gobierno (de Colombia) da estatus de grupo político armado al ELN. Tremenda combinación de política y armas”, afirmó el colombiano John Marulanda, coronel en reserva activa del Ejército de Colombia y presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Militares de Colombia en Retiro.
“Al perro solo lo castran una vez y eso sucede en Colombia, con seis décadas de violencia interna y con el ELN que insiste en atacar bases militares y policiales. Esto (ocurre) sin contar con que soldados y policías están restringidos por decreto en su actitud ofensiva. El Ministerio de Defensa minimiza el asesinato de soldados”, dijo Marulanda a EL UNIVERSAL.
Petro entró al debate con el ELN con un antecedente: con el seudónimo de “Aureliano”, de 1981 a 1990 integró la ahora disuelta insurgencia izquierdista del Movimiento 19 de Abril (M-19), que se desmovilizó y disolvió en 1990 al pactar la paz con el gobierno de Colombia y pasó a ser partido político legal.
Ciclos de trabajo
Emisarios del gobierno de Petro y del ELN, fundado y alzado en armas desde 1964 e influenciado por la revolución cubana, de 1959, cumplieron ayer dos semanas de un segundo ciclo de negociaciones de paz en México. El primero fue en Venezuela en noviembre de 2022.
El gobierno y el ELN acordaron en octubre pasado reanudar las pláticas, que entraron a receso en 2018 y fueron suspendidas desde 2019 por un ataque rebelde a una sede policial.
Un capítulo pendiente en México, con Cuba, Venezuela y Noriega como mediadores, es vital: la desconfianza mutua minó la ruta hacia un cese del fuego que allane el camino a la paz tras casi 60 años de guerra.
Al informar el sábado pasado de los “primeros avances” del segundo ciclo, las partes relataron que en México definirán una Agenda de Diálogos para “comenzar a tratar puntos” como el alto bilateral a las hostilidades bélicas.
La meta, sin embargo, exhibió una doble sensibilidad.
Por un lado, el ELN planteó su recelo por la presunta alianza del Ejército Nacional con las nuevas y poderosas generaciones del paramilitarismo colombiano para que le disputen territorios a la guerrilla y asienten sus redes criminales. Por el otro, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia confirmaron que sus tropas están en alerta por temor a que el ELN desate una ola de atentados y c0mplique los trabajos en México.
Un reporte de inteligencia del gobierno de Colombia, difundido el sábado anterior en Bogotá por el periódico colombiano El Tiempo, advirtió del riesgo de ataques del ELN contra bases militares y policiales que impactarían negativamente en las tareas en México.
La orden de atacar habría sido emitida en enero de este año por el Comando Central (COCE), máxima instancia de mando del ELN y presente en México. El COCE tiene su sede operativa en Cuba.
“Hay una voluntad expresada por el ELN” para llegar al cese del fuego, dijo el senador colombiano Iván Cepeda, miembro de la delegación oficialista y del gobernante partido Pacto Histórico. “Obviamente pactar los detalles va a llevar un tiempo”, reconoció Cepeda, en declaraciones que ofreció el sábado 25 desde México a Blu Radio, de Bogotá.
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Para el abogado, socioeconomista y analista político colombiano Rafael Nieto, viceministro del Interior y de Justicia de Colombia en 2003 y 2004 (gobierno de Álvaro Uribe de 2002 a 2010), el cese del fuego “en realidad solo protege a los bandidos (del ELN) y deja en absoluta indefensión a los civiles”.
Detener las hostilidades “solo supone que los grupos violentos y la Fuerza Pública (militar y policial) dejen de enfrentarse pero que no exige que esos violentos (del ELN) dejen de atacar a los civiles ni de delinquir”, explicó Nieto en un análisis que envió a este diario. “No se les exige a los criminales que dejen de atacar (a los civiles); (se) paraliza a quienes tienen que cuidarlos (las fuerzas de seguridad)”, adujo.
Petro anunció, en la noche del 31 de diciembre anterior, que pactó por separado un cese del fuego del primero de enero al 30 de junio de 2023 con cinco organizaciones de la insurgencia izquierdista, incluido el ELN, y del paramilitarismo derechista. El ELN desmintió al mandatario y el objetivo de callar fusiles quedó sujeto al debate en México.
Al asumir su cuatrienio en agosto de 2022, Petro ratificó que buscará la paz completa en Colombia. La pacificación quedó parcial luego de que el gobierno colombiano y la ya disuelta guerrilla de las comunistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y ahora partido político legal, firmaron un plan de paz en 2016 que entró a regir en diciembre de ese año, cerró un conflicto armado que estalló en 1964 y mostró avances, altibajos y sobresaltos.
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