Miami.— Sobre la reforma judicial, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, “ha querido hacernos creer que la selección y elección de jueces estatales en Estados Unidos es igual a lo que él está proponiendo para transformar y transgredir completamente el sistema judicial mexicano, en lo referente a la selección y elección de jueces y magistrados”, señala el abogado internacionalista Jaime Ortiz desde Texas; “y peor aún, respaldado por la presidenta electa Claudia Sheinbaum”.
En EU, de sus 50 estados, 43 tienen un sistema judicial donde efectivamente se eligen a sus jueces a través de votos electorales, “pero los requisitos y los procesos de campaña son completamente diferentes a lo que quieren hacer López Obrador y Sheinbaum en México; especialmente en lo relacionado al proceso de una tómbola para nombrar a los candidatos ‘finalistas’”, dice Ortiz.
El pasado 22 de agosto, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, habló públicamente sobre el cambio constitucional que quiere hacer López Obrador para que jueces y magistrados sean elegidos por voto popular; el diplomático dijo que “si se llegaran a aprobar las elecciones de jueces en el 2025 y en el 2027, amenazan la histórica relación comercial que hemos construido, la cual esa relación depende de la confianza, de las inversiones que se tienen que hacer aquí en México para lograr la prosperidad del pueblo de México”, al dejar en claro la preocupación de su principal socio comercial, Estados Unidos.
Si bien es cierto que en la Unión Americana la mayoría de los estados eligen a sus jueces locales a través de sistemas distintos de votación popular, “queda claro que la ética y los sistemas de selección aun en estas condiciones, distan mucho de poder compararse con lo que propone el presidente de México”, comenta el experto.
En Estados Unidos existen tres tipos de elecciones para la selección y votación de los aspirantes a jueces o reelecciones y tomando en cuenta que se trata sólo para jueces, no para magistrados.
La primera versión es a través de elecciones partidistas, donde los candidatos a juez se presentan en las boletas electorales con su afiliación política. Este método permite a los votantes elegir basándose en la ideología política de los candidatos. Este sistema está presente en siete estados, incluidos Alabama, Illinois y Texas. El segundo sistema usado se llama elecciones no partidistas, que es el más común, utilizado en 21 estados como Georgia, Michigan y Washington, donde los candidatos no están asociados con ningún partido político en la boleta electoral. El objetivo es minimizar la influencia política directa y centrarse en las calificaciones de los candidatos.
El tercero se le conoce como elecciones de retención, que consiste en que después de un nombramiento o elección inicial, los jueces enfrentan comicios de retención donde los votantes deciden si, quienes quieren reelegirse, deben continuar en el cargo o votan preferentemente por una opción nueva. Esta opción está presente en 15 estados, como Arizona y Colorado. Las elecciones partidistas y no partidistas generalmente se realizan cada cuatro o seis años, dependiendo del tipo de tribunal. Los jueces de las cortes supremas estatales y cortes de apelaciones enfrentan elecciones cada seis años; mientras que los jueces de tribunales de primera instancia pueden presentarse a votantes cada cuatro años. En el caso de las elecciones de retención, los jueces suelen enfrentar su primera elección de retención después de un periodo inicial en el cargo, generalmente entre uno y dos años; y luego regularmente, cada seis, ocho o 10 años.
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Para garantizar que los jueces estén bien preparados, los estados imponen varios requisitos, incluido, entre otros, que los candidatos hayan ejercido como abogados durante un mínimo de cinco a 10 años. Algunos estados exigen más años de experiencia o especialización en áreas específicas del derecho.
Los candidatos deben ser residentes del estado y a veces del distrito donde buscan ser elegidos y tener al menos 30 años. Algunos estados también establecen límites de edad máxima o requisitos de jubilación. Se les investiga a fondo su historial ético y legal. Cualquier incidente de mala conducta puede descalificar a un candidato.
Una vez que los candidatos cumplen con los requisitos, comienzan el proceso de campaña. Las campañas generalmente inician varios meses antes de las elecciones. Durante este tiempo, los candidatos participan en debates, recaudan fondos y buscan conectar con los votantes a través de publicidad en medios tradicionales y digitales. La duración de las campañas y las estrategias utilizadas pueden variar considerablemente dependiendo del estado y el tipo de elección.
Los jueces que buscan la reelección deben equilibrar sus responsabilidades judiciales con las demandas de la campaña. “Como hemos de suponer, las regulaciones éticas les prohíben a los candidatos en funciones utilizar los recursos del tribunal para actividades de campaña y deben manejar sus actividades de campaña fuera del horario laboral”, subraya el abogado. Esto asegura que su desempeño judicial no se vea comprometido por sus esfuerzos de reelección.
En el caso de los votantes, reciben información a través de guías electorales distribuidas por el estado, asociaciones de abogados y organizaciones no partidistas. Muchos estados publican boletas de muestra y utilizan sitios web oficiales para informar a los votantes sobre los candidatos y sus antecedentes. Los medios locales también juegan un papel importante al cubrir debates y entrevistas.
En algunos estados, se organizan foros comunitarios donde los votantes pueden escuchar directamente a los candidatos. Además, las asociaciones de abogados a menudo realizan evaluaciones de los jueces basados en su desempeño. Estas evaluaciones se hacen públicas para ayudar a los votantes a tomar decisiones informadas. Este proceso es vital para asegurar que los votantes tengan la información necesaria para evaluar adecuadamente a los candidatos.
Críticas a elecciones partidistas y no partidistas
Uno de los mayores retos en estos sistemas de elección es equilibrar la independencia judicial con la necesidad de rendir cuentas al público. Los críticos argumentan que la necesidad de recaudar fondos para campañas puede comprometer la imparcialidad judicial, especialmente en elecciones partidistas donde los jueces pueden verse influenciados por donantes políticos. Esto puede llevar a situaciones donde los jueces sienten presión para decidir casos de manera que favorezca a sus benefactores.
La complejidad del sistema judicial y la falta de familiaridad del público con los candidatos judiciales pueden llevar a una baja participación en estas elecciones. Los votantes a menudo carecen de información suficiente sobre los jueces, lo que puede resultar en decisiones basadas en poca o ninguna información; o simplemente en una abstención de votar en estas carreras. Esto es especialmente problemático en elecciones de retención, donde la falta de competencia directa puede reducir el interés público.
Método de selección en los otros estados
En los siete estados donde no se eligen jueces por votación popular, se utilizan otros métodos como los nombramientos por el gobernador, la legislatura o la Corte Suprema estatal. En estados como Maine y New Jersey los jueces son nombrados directamente por el gobernador y, a menudo, confirmados por el Senado estatal.
El sistema de Selección por Mérito es utilizado en estados como Alaska y Missouri con un ligero cambio, una comisión de selección presenta candidatos al gobernador, quien luego hace el nombramiento. Hay otros estados como South Carolina y Virginia, donde los jueces son seleccionados por la legislatura estatal.
Debe entenderse que la selección y elección a través de alguna legislatura estatal o gobernador, se lleva a cabo a través de gobernantes elegidos con anticipación por el voto electoral; de ahí que se trate técnicamente de una elección que alcanza a los votantes que los pusieron en sus curules o gubernatura.
Selección de jueces federales en EU
A nivel federal en Estados Unidos, los jueces, incluyendo los jueces de la Corte Suprema, los tribunales de apelaciones y los tribunales de distrito, son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado. Este proceso se detalla en la Constitución de Estados Unidos, específicamente en el Artículo II, Sección 2, que otorga al Presidente el poder de nombrar jueces con el "consejo y consentimiento" del Senado.
Cuando se llega a dar una vacante en un tribunal federal estadounidense, el presidente de Estados Unidos nomina a un candidato para el puesto. Los candidatos a menudo son recomendados por senadores, especialmente cuando la vacante está en un tribunal que tiene jurisdicción sobre el estado del senador, o por la Oficina de Consejería de la Casa Blanca.
Después de la nominación, el Comité Judicial del Senado revisa las credenciales del candidato. “Esto incluye un examen exhaustivo de su historial legal, opiniones judiciales, si el nominado ya ha servido como juez y entrevistas con colegas y expertos. El Comité también lleva a cabo audiencias donde el candidato testifica y responde preguntas de los senadores; es complejo y de muy alto nivel” señala el experto.
Tras las audiencias, el Comité Judicial vota si recomienda al Senado pleno que confirme al candidato. La recomendación puede ser positiva, negativa o sin recomendación. Finalmente, el Senado en pleno debate y vota sobre la confirmación del candidato. Una mayoría simple, es decir, más de la mitad, es necesaria para confirmar al juez nominado. Una vez confirmado por el Senado, el Presidente firma la comisión del juez, formalizando su nombramiento.
Los jueces federales en los Estados Unidos, incluyendo los de la Corte Suprema, tienen mandatos vitalicios según la Constitución estadounidense; lo que significa que pueden servir hasta que decidan retirarse, fallezcan o sean destituidos a través de un proceso de juicio político ("impeachment") por mala conducta.
Este proceso asegura que los jueces federales estén relativamente protegidos de las presiones políticas, permitiéndoles tomar decisiones basadas en la ley y no en la popularidad o presión política del momento.
Caso de México
Los cambios exigidos en México por el presidente López Obrador y respaldados por la presidente electa Sheinbaum, “son vistos con preocupación por diversas organizaciones internacionales y expertos en derecho, quienes temen que estos cambios puedan socavar la independencia del poder judicial al aumentar la influencia del poder ejecutivo, del narcotráfico y de otros intereses oscuros sobre la selección de jueces y sus tomas de decisión”, dice el abogado internacionalista. Este tipo de preocupaciones resuena especialmente en Estados Unidos, donde la independencia judicial es un principio fundamental, protegido tanto a nivel federal como estatal.
En el contexto de Estados Unidos, cualquier propuesta que busque alterar la forma en que se seleccionan los jueces y que pueda percibirse como una amenaza a la independencia judicial, sería vista con escepticismo tanto por jueces como por defensores del estado de derecho. La independencia judicial es clave para mantener la confianza pública en el sistema de justicia, tanto en Estados Unidos como en México; y cualquier movimiento que parezca comprometerla genera inquietudes similares en la judicatura estadounidense.
“Esto incluye un examen exhaustivo de su historial legal, opiniones judiciales, si el nominado ya ha servido como juez y entrevistas con colegas y expertos. El Comité también lleva a cabo audiencias donde el candidato testifica y responde preguntas de los senadores; es complejo y de muy alto nivel”, señala el experto. Tras las audiencias, el Comité Judicial vota si recomienda al Senado pleno que confirme al candidato. La recomendación puede ser positiva, negativa o sin recomendación. El Senado en pleno debate y vota sobre la confirmación del candidato. Una mayoría simple es necesaria para confirmar al juez nominado. Una vez confirmado, el presidente firma la comisión del juez, formalizando su nombramiento.
