La Relatora de la ONU de Independencia Judicial, Margaret Satterthwaite, expresó su preocupación frente al riesgo de que la elección popular de jueces en México permita que las grandes empresas y la delincuencia organizada ejerzan una influencia indebida.
En el informe sobre la independencia de los magistrados y abogados, Satterthwaite abordó el tema de la selección o nombramiento de jueces por votación.
“Hay pocos Estados que elijan a sus magistrados por sufragio directo, sobre todo para los tribunales superiores”, señaló. Ejemplificó con el caso de Bolivia, que “utiliza el sufragio directo para elegir entre los candidatos preseleccionados por el poder legislativo”.
Luego, abordó el caso mexicano y la reforma judicial. “En México, donde se están estudiando propuestas para que muchos magistrados se seleccionen por elección popular, preocupa el riesgo de que los actores económicos, en particular las grandes empresas y la delincuencia organizada, ejerzan una influencia indebida”.
Lamentó especialmente el caso de Estados Unidos, donde, dijo, “a raíz de una decisión de 2010 de la Corte Suprema, los grupos de interés externos, respaldados de forma encubierta por donantes, no tienen límite de gastos para influir en la composición política e ideológica de los tribunales clave”.
De acuerdo con el informe, la influencia económica indebida se produce cuando “actores económicos, como empresas, personal ejecutivo y personas extremadamente adineradas, llevan a cabo, con grandes medios económicos, actividades que ejercen o se puede considerar que ejercen influencia indebida en la estructura de los sistemas de justicia o en el desempeño de las funciones judiciales, con el propósito aparente de explotar el sistema de justicia para promover sus objetivos específicos y con el efecto de que los procesos diseñados para funcionar de forma justa y transparente a fin de garantizar la independencia judicial y la igualdad ante la ley se pervierten sistemáticamente para favorecer objetivos impropios”.
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No es la primera vez que Satterthwaite expresa preocupación por la reforma judicial mexicana. En agosto pasado, envió una comunicación al gobierno encabezado en ese momento por Andrés Manuel López Obrador, en el que se declaró “especialmente preocupada por el contexto en el que se están llevando a cabo estas propuestas de reforma, dada la alegada intimidación de jueces y los reportes de interferencias en la independencia judicial a través de ataques verbales, que incluyen amenazas, por parte de los poderes ejecutivo y legislativo en contra de ciertos jueces”.
Manifestó que si bien “el derecho internacional no requiere un procedimiento específico de nombramiento”, sí “exige que cualquier procedimiento de nombramiento garantice la independencia judicial, tanto institucional como individual, así como la imparcialidad subjetiva y objetiva”. Detalló que “los Estados deben adoptar medidas específicas para proteger a los jueces de cualquier forma de influencia política en su toma de decisiones, incluso a través de la adopción de procedimientos claros y criterios objetivos para el nombramiento, suspensión y remoción”.
La reforma judicial, alertó en ese momento, “puede dar lugar a la politización de los nombramientos judiciales, de forma que las consideraciones políticas prevalezcan sobre los criterios objetivos establecidos en las normas internacionales y regionales (el mérito, las calificaciones, la integridad, el sentido de independencia e imparcialidad”.
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