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San Salvador.— La Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, destituyó ayer por la noche a los magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por supuestamente cometer “fraude a la Constitución” y violar la separación de poderes.
Más tarde, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la decisión. Dijo que “viola la independencia judicial, que no cumple con las garantías y que las causales de destitución no son válidas”. La destitución, que dejaría incompleta y sin presidente al órgano Judicial, fue aprobada por 64 votos de los 84 diputados, todos del oficialismo. Al concluir la ceremonia de instalación, la vicepresidenta del Congreso, Suecy Callejas, había presentado la primera iniciativa y con dispensa de trámite pidió iniciar el proceso.
“Esto es un atropello a la República y a la democracia. Como Arena [Alianza Republicana Nacionalista] votamos en contra de este atropello a nuestra Constitución”, señaló en Twitter el partido conservador. La iniciativa del partido Nuevas Ideas pretende justificar la petición de destitución por las múltiples sentencias antipopulares. La Sala de lo Constitucional jugó un papel clave en el bloqueo de algunos de los movimientos más agresivos de Bukele durante la pandemia.
Dicen que “los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional actuaron contra la Constitución, poniendo en primer lugar intereses particulares por sobre la salud y la vida de toda la población; los pusieron en peligro al no cumplir las medidas que internacionalmente han sido utilizadas”.
El presidente Nayib Bukele defendió la decisión y tuiteó: “ Y el pueblo salvadoreño, a través de sus representantes, dijo: ¡DESTITUIDOS!”. Juan Gonzalez, principal asesor del presidente de EU, Joe Biden, para Latinoamérica, criticó la petición: “Así no se hace”, dijo en Twitter. José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch, dijo: “Quiero que a Bukele le quede claro: Haremos todos los esfuerzos para que este asalto a la democracia afecte su relación con el gobierno de EEUU, el Banco Mundial, el FMI y el BID. Hoy en Washington el Estado de derecho es una condición necesaria”.
