El gobierno de El Salvador admitió ayer que urge “mejorar” las condiciones socioeconómicas y de seguridad internas para desestimular la migración irregular y recibir, a partir de septiembre de 2019, a 190 mil salvadoreños que deberán salir de Estados Unidos luego de que canceló el Programa de Estatus Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y les concedió 18 meses para abandonar su territorio o regularizar su situación.
En un reconocimiento implícito de que la migración es provocada por la grave situación socioeconómica y de violencia en El Salvador, el canciller salvadoreño, Hugo Martínez, dijo que persiste el “reto de seguir ofreciendo más y mejores condiciones” para que eviten migrar.
En conferencia con la embajadora de EU en El Salvador, Jean Manes, indicó que es necesario impulsar planes de emprendedores, educación y empleo para acoger a los que sean deportados y que la solución “permanente” es que el Congreso de EU adopte una le-
gislación migratoria integral.
Manes precisó que los 190 mil en riesgo de deportación son 12% de los poco más de un millón y medio de salvadoreños que viven en EU.
“Detrás de cada persona [acogida al TPS] hay una familia”, dijo, al revelar que los hijos nacidos en EU de salvadoreños favorecidos con el programa suman unos 192 mil.
Sobre la posición que adoptará Washington —que aconseja a los estadounidenses evitar viajar a El Salvador por la violencia— cuando los hijos nacidos en EU deban migrar a ese país si sus padres son deportados, Manes dijo que la separación es “difícil”.
En redes sociales, Manes reafirmó el compromiso de EU de apoyar los esfuerzos para “construir” un país “más próspero y seguro”.
Los migrantes son clave para la economía de El Salvador, por las remesas familiares que en más de 97% proceden de EU. Según cifras oficiales preliminares sumarían unos 5 mil millones de dólares en 2017.
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