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“En Venezuela la justicia no existe”, indicó Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional , que habló desde Madrid para informar sobre los próximos pasos a dar en su defensa ante los ataques del régimen de Nicolás Maduro .
“Las instancias nacionales llegaron a su límite, por eso decidimos pasar a las instancias internacionales. El despacho Cremades & Calvo-Sotelo nos va a apoyar”, señaló.
El Nacional acudirá al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y a las Naciones Unidas . También se informará a la Corte Penal Internacional (CPI) del caso porque se puede estar en presencia de elementos que configuran el crimen de persecución como crimen de lesa humanidad.
“El gobierno no nos va a callar, seguiremos informando desde nuestra página web, sin cortapisas. Seguiremos diciendo la verdad”, manifestó.
Otero agradeció la solidaridad de los periodistas en el mundo y de importantes personalidades que han repudiado el ataque del régimen de Nicolás Maduro, que tuvo su colofón con el allanamiento de su sede en Los Cortijos, Caracas. “Defender a El Nacional es defender la democracia en Venezuela”, dijo.
“Esta medida es un daño gigantesco a nuestro patrimonio, pero no vamos a ceder”, agregó.
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“Hace 15 días un pelotón del Ejército entró con armas largas a El Nacional, sacó a todas las personas que allí trabajan y desde allí han ocupado las instalaciones. Las han asaltado. Han puesto colchonetas. Esto es apropiarse ilegalmente de estas instalaciones”, puntualizó.
Otero tuvo palabras de aprecio para Juan Garantón, el abogado del medio, y responsabilizó al gobierno de cualquier cosa que le pueda suceder. También nombró a sus hijas y al gerente general de El Nacional, Jorge Makriniotis, que señaló están expuestos a cualquier arbitrariedad del régimen.
El Nacional demuestra que la lucha es dramática
Javier Cremades, abogado y presidente del bufete Cremades & Calvo-Sotelo, indicó que la lucha que se vive en Venezuela es dramática. “Se demuestra con este episodio de El Nacional que no queda ningún rastro del imperio de la ley”, aseguró.
Dijo que no solo se defiende a El Nacional y sus accionistas sino todos los derechos de los venezolanos.
Indicó que se trata de un medio de comunicación y, por tanto, se habla de la libertad de expresión , que es una garantía de la democracia y es esencial en el Estado de Derecho.
Explicó que El Nacional es una institución en Venezuela, y que al atacarlo se ataca también todo lo que se representa.
“En Venezuela lo que existe es una apariencia de legalidad jurídica que no cumple ninguno de sus efectos ni proporciona ninguna de sus garantías. No hay derecho en Venezuela, no hay jueces independientes. Por tanto, la ley es un papel mojado”, manifestó.
Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Informó que acudirán en primer lugar al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Trabajarán en tres líneas: atropello a la libertad de expresión, el embargo además es una expropiación encubierta, asimismo hay una auténtica indefensión porque no se cumplieron las garantías procesales.
“No se trató de injuria ni calumnia, solo fue una excusa para perseguir a un medio”, aseveró.
“Cuando en Venezuela vuelva a imperar la ley este bien incautado podrá recuperarse y esa redacción podrá volver a reunirse y trabajar para informar al pueblo soberano”, agregó.
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En paralelo se harán algunas actuaciones en Naciones Unidas para que se conozcan nuevas facetas de un Estado totalitario. Se reunirán con la Relatoría de Libertad de Expresión y con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Violación sistemática
Juan Carlos Gutiérrez, también abogado del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, indicó que el caso de El Nacional está caracterizado por la sistemática violación de derechos fundamentales.
“La toma de El Nacional fue un embate más contra la libertad de expresión en Venezuela”, manifestó.
“Aquí hay una responsabilidad internacional del Estado venezolano ante esta sistemática violación de derechos humanos que se han producido en este caso. También existen responsabilidades individuales”, recalcó.
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Carlos Ayala Corao acompañará al bufete de abogados en la presentación del caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, informó.
La toma de El Nacional
El pasado viernes 14 de mayo la Guardia Nacional Bolivariana tomó la sede del periódico y desalojó a los trabajadores que se encontraban en el edificio que alberga la rotativa.
En 2015, Diosdado Cabello demandó por difamación a El Nacional, luego que reprodujera una nota informativa del periódico español ABC, en la cual se revelaba una investigación de Estados Unidos en contra de Cabello por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El régimen obliga ahora a El Nacional a pagar 13 millones de dólares a Cabello por daño moral y, ante la imposibilidad del pago, se le embargaron todos los bienes y la sede.
hm
