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Las fuerzas armadas
controlaban este miércoles la capital de Zimbabue , cuyo presidente Robert Mugabe , de 93 años, se ha declarado bajo arresto domiciliario .
"No se trata de una toma del gobierno por militares [...] Nuestro objetivo son criminales del entorno" del presidente, declaró el general Sibusiso Moyo en un discurso transmitido en vivo por la noche por la televisión estatal.
"No bien cumplamos con nuestra misión, esperamos que la situación regrese a la normalidad", agregó.
La entrada en escena de los militares se produce en medio de una crisis abierta entre Mugabe y el jefe del Ejército, Constantino Chiwenga, tras la destitución del vicepresidente Emmerson Mnangagwa, durante mucho tiempo considerado como su delfín.
El miércoles por la mañana, soldados y vehículos blindados controlaban los accesos al parlamento, a la sede del partido gobernante, el Zanu-PF, y a las oficinas en las que el jefe del Estado suele reunir a sus ministros, constató un periodista de la AFP en la capital, Harare.
El presidente Mugabe se encontraba retenido en su domicilio por las fuerzas armadas. En una conversación telefónica con su homólogo sudafricano, Jacob Zuma, precisó que estaba bien.
Un testigo había indicado a la AFP anteriormente que había oído un nutrido tiroteo cerca de su casa "poco después de las 02H00 de la mañana [00H00 GMT]".
"Queremos asegurar a la Nación que su excelencia el presidente (...) y sus familiares se encuentran sanos y salvos, y que su seguridad está garantizada", recalcó el general Moyo en su discurso.
Por su parte, periodistas de la AFP constataron que, al margen de los sitios estratégicos, la capital funcionaba con normalidad. Pero la televisión nacional interrumpió su programación para difundir música.
Fiel apoyo de Mugabe, el presidente sudafricano Jacob Zuma se declaró hostil a cualquier cambio de régimen "inconstitucional" en Zimbabue.
"Muy preocupado" por la situación, Zuma envió a dos emisarios especiales para que se reúnan con el presidente Mugabe y con responsables militares, según un comunicado de su oficina.
La Unión Europea (UE), se declaró preocupada por la situación e instó al "diálogo" para alcanzar una "resolución pacífica", señaló una portavoz de los servicios diplomáticos de la UE.
Tras varios días de vivas tensiones, la operación del ejército, hasta ahora considerado un pilar del régimen, constituye un desafío sin precedente a la autoridad de Mugabe.
El lunes, el jefe del Estado Mayor, el general Constantino Chiwenga, había denunciado públicamente la decisión del jefe del Estado de destituir al vicepresidente Mnangagwa.
El ejército podría "intervenir" si esta "purga" no cesaba dentro del partido presidencial, advirtió.
En respuesta, la formación del presidente denunció el martes que las declaraciones del general Chiwenga "sugieren una conducta traidora" con la intención de "incitar a la insurrección".
El general Chiwenga y Mnangagwa son dos figuras destacadas de la lucha por la independencia de esta excolonia británica, junto al actual jefe del Estado.
"No creo que Mugabe tenga ya el control total de la situación", declaró a la AFP el analista político David Moore, de la universidad de Johannesburgo. "El ejército parece seguir una sola dirección, que es la que le impone su jefe", agregó.
El exvicepresidente Mnangagwa, de 75 años, fue destituido la semana pasada y se vio obligado a exiliarse tras protagonizar una disputa con la primera dama, Grace Mugabe, de 52 años, quien no esconde su deseo de sustituir a su esposo llegado el momento.
Mnangagwa acusó a la segunda esposa del presidente de haber intentado envenenarlo para eliminarlo, suscitando una viva reacción de la interesada, que logró que lo expulsaran del Gobierno. Ahora, ocupa la posición ideal para suceder a su marido.
Mugabe es el decano de los jefes de Estado en activo. Tras 37 años en el poder, su partido lo invistió candidato para las elecciones de 2018, pese a su edad y su frágil estado de salud.
Bajo su régimen autoritario, el país africano se empobreció y desde principios de los años 2000 lidia con un desempleo masivo (cerca del 90% de la población activa) y falta de liquidez que retrasa el pago de salarios a los funcionarios.
