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Quito.- La Fiscalía de Ecuador desechó el jueves una denuncia contra el diplomático mexicano Roberto Canseco por supuesta obstrucción a la justicia durante la incursión policial a la embajada de México y recordó que de acuerdo con el derecho internacional goza de inmunidad.
En un comunicado publicado en su cuenta de X, antes Twitter, el Ministerio Público afirmó que es su obligación recibir cualquier denuncia ciudadana, sin embargo, en el caso de Canseco precisó que “no tiene facultad investigativa” ya que perteneció a una misión diplomática.
La institución informó que ha dispuesto a la Dirección de Asuntos Internacionales que ponga en conocimiento de México la denuncia.
De acuerdo con la página de consultas de la Fiscalía de Ecuador, la denuncia fue interpuesta el 16 de abril en la Fiscalía provincial de Pichincha, cuya capital es Quito, por el abogado Milton Castillo, un activista político que fue candidato a la alcaldía de la capital ecuatoriana.
Previamente se dio a conocer que el diplomático mexicano Roberto Canseco fue denunciado por intentar evitar el asalto a la Embajada de México en Quito y la posterior detención de Jorge Glas, ex vicepresidente de Rafael Corra, al que el Gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador había otorgado el asilo solicitado.
Así lo informó este jueves en un comunicado, que tras confirmar la recepción de esta denuncia recordó que "al haber sido (Canseco) parte de una misión diplomática, goza -conforme lo dicta el derecho internacional- de inmunidad diplomática, por lo que la Fiscalía no tiene facultad investigativa".
"Se ha dispuesto que, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales (de la Fiscalía), dicha noticia del delito se ponga en conocimiento de los Estados Unidos Mexicanos, como corresponde", indicó el Ministerio Público ecuatoriano, que no reveló quién presentó la denuncia contra Canseco.
Canseco era el jefe de la misión diplomática de México en Ecuador después de que la embajadora, Raquel Serur, fuese expulsada por el gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, a causa de unas declaraciones de López Obrador que relacionaba el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio con el triunfo de Noboa sobre la candidata correísta Luisa González.
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En medio de esta crisis diplomática, el gobierno mexicano otorgó el asilo a Glas, que se encontraba en la Embajada mexicana en Quito desde el 17 de diciembre de 2023, lo que llevó a que a las pocas horas la sede diplomática fuera tomada por asalto por policías ecuatorianos para capturar al ex vicepresidente.
Sobre Glas pesaba una orden de captura e ingreso en prisión preventiva como imputado por presunto peculado, malversación de fondos públicos, en el caso de las obras de reconstrucción tras el fuerte terremoto de 2016.
También tenía pendiente terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos condenas por cohecho y asociación ilícita, después de que a finales de 2022 saliese de la cárcel gracias a una polémica resolución judicial de medidas cautelares, cuando ya llevaba cerca cinco años recluido en prisión.
Desde su captura Glas se encuentra internado en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, situada en la ciudad de Guayaquil.
Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia declaró que la detención de Glas fue ilegal y arbitraria, pero mantuvo al ex vicepresidente en la cárcel por tener pendiente de cumplir la pena por las sentencias anteriores, emitidas en 2017 y 2020.
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Glas, que fue uno de los hombres fuertes del gobierno de Correa (2007-2017) e incluso llegó a ser también vicepresidente a inicios del mandato de Lenin Moreno (2017-2021), siempre ha rechazado las acusaciones y cargos en su contra y se ha declarado un perseguido político y víctima de 'lawfare' (utilización del aparato judicial contra adversarios políticos).
El asalto a la embajada, producido en la noche del 5 de abril, llevó al Gobierno de México a romper relaciones con Ecuador y denunciar al país andino ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por considerar que violó el derecho internacional y su soberanía.
Por su parte, el Gobierno de Ecuador sostiene que México fue el primero en saltarse el derecho internacional, al contravenir la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático, que impide dar esta condición a personas que estén procesadas en tribunales ordinarios por delitos comunes.
mgm
