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El secretario de Defensa, James Mattis, afirmó ayer que los dreamers que forman parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no corren peligro de deportación.
Mattis dijo haber llegado a ese acuerdo con la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y sostuvo que la única excepción serían los casos en que la persona haya cometido algún delito grave.
“Cualquier [dreamer] activo, cualquiera en la reservas activas y cualquiera que haya salido honorablemente… no estará sujeto a ningún tipo de deportación”, afirmó el general. Se calcula que unos 900 beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) sirven actualmente en las fuerzas armadas de EU bajo un programa especial.
En tanto, la administración de Donald Trump parece estar dispuesta a hacer más difícil la vida de todos los extranjeros que viven en EU. Tras extender las redadas contra inmigrantes indocumentados y colocar en un limbo legal a más de 600 mil dreamers, ahora la Casa Blanca va contra la migración legal.
Además de querer reducir a más de la mitad el número de inmigrantes con visa que llegan al país —recortando hasta el extremo las reunificaciones familiares y eliminando la lotería de visas—, así como limitar la expedición de visas H-1B para profesionales, la administración estaría analizando la opción de restringir el camino hacia la residencia permanente y naturalización a todos aquellos que hayan usado servicios sociales durante su estadía con permiso temporal, según informó Reuters.
El Departamento de Seguridad Nacional está redactando una serie de normativas y medidas para averiguar si un migrante usó esas ayudas —incluyendo subsidios a la escolarización, pagos de seguros médicos y talones de comida (food stamps)— y, de ser así, determinar si supondría un gasto excesivo para las arcas federales, lo que llevaría a negarle la residencia o naturalización. De aprobarse, la medida revocaría una ordenanza de hace dos décadas, que prohibía decidir si se autoriza o no a un inmigrante acceder a la naturalización por razones de uso de ayudas públicas.
“Un extranjero que recibe beneficios públicos lo hace a costa del contribuyente; la disponibilidad de beneficios públicos puede ser un incentivo para los extranjeros a inmigrar a EU”, se lee en el documento visto por Reuters.
La denegación de entrada o permanencia en el país no tendría en cuenta si el solicitante tiene descendencia de nacionalidad estadounidense, lo que provocaría una nueva situación de separación de familias.
Varios activistas, expertos y funcionarios advirtieron a Reuters que los cambios que se proponen podrían “disuadir” a los inmigrantes a hacer uso de unos programas a los que pueden acceder y tienen derecho, lo que provocaría que niños abandonaran la escuela o que adultos pierdan cobertura sanitaria ante el riesgo de afectar una futura naturalización o residencia permanente en el país.
La medida respondería a una petición de grupos más conservadores contra los inmigrantes indocumentados —incluyendo dreamers—, quienes por su condición de sin papeles no tienen acceso a ayudas sociales.
Tres mil millones para el muro. La misma agencia Reuters informó además, citando como fuente a un funcionario de la administración, que una propuesta presupuestal que el gobierno de Donald Trump revelará el lunes incluirá una solicitud de 3 mil millones de dólares para pagos iniciales relacionados con la construcción del muro en la frontera con México. El dinero sería para adquirir terrenos privados en el Valle del Río Grande en el sur de Texas y para adquirir acero.
