San José.– De tener unos 66 millones de personas con discapacidad en 2019 y 2020, con un total aproximado a los 650 millones de habitantes, y unos 85 millones en 2023 entre unos 661 millones de pobladores, América Latina y el Caribe sumará unos 145.5 millones en 2050 en una población de unos 805 millones de seres humanos.
Los inquietantes pronósticos, aportados por agencias del sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre población, salud e infancia, confirmaron que las profundas dificultades acumuladas y agravadas actualmente en la subsistencia de las personas con discapacidad, provocarían que los conflictos de 2050 serían más graves que los de 2023.
Al recordarse hoy el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, creado por la ONU en 1992, la realidad latinoamericana y caribeña exhibió carencias y fallas hacia el objetivo lanzados hace 31 años: impulsar un mundo accesible y equitativo.
Las personas con discapacidad y sus familias en la zona “enfrentan barreras significativas para satisfacer sus necesidades de apoyo en distintos dominios, como la asistencia personal, la toma de decisiones, la comunicación, la movilidad, la vivienda y el apoyo a las familias”, determinó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en inglés) en un informe de octubre anterior.
Esos sectores de todas las edades en la región “tienen mayores necesidades de apoyo que sus pares sin discapacidad y niveles más bajos de necesidades de apoyo satisfechas. Las brechas se agrandan en el contexto rural, sugiriendo una falta de programas en este contexto”, concluyó el reporte, del que EL UNIVERSAL tiene copia.
“Los niveles de insatisfacción son mayores entre personas adultas de 18 a 30 años, sugiriendo que faltan servicios de apoyo dirigidos a jóvenes adultos ingresando a la educación terciaria o entrando al mercado laboral. Claramente, las personas con discapacidad enfrentan desafíos de oferta y demanda que limitan su acceso a los servicios que necesitan”, reveló.
Al subrayar que “la inversión en sistemas, servicios y redes de apoyo comunitario es indispensable para revertir estos problemas”, sugirió que “proveedores gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro, proveedores privados y las propias familias cada vez podrán proveer apoyos de mayor calidad”.
“Esto tiene el potencial de reducir la brecha en la satisfacción de necesidades de apoyo, así como incrementar el control de las personas con discapacidad sobre sus vidas”, explicó, al recalcar la meta: “El derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad”.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) definió que personas con discapacidad son las que “tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, en interacción con diversas barreras, pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás”.
Son individuos de ambos sexos con “dos a cuatro veces más probabilidades de morir en desastres y emergencias que las que estan sin discapacidad”, alertó.
“Muchos establecimientos y servicios de salud son inaccesibles para las personas con discapacidad. Entre las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad figuran los espacios de salud inaccesibles, las barreras de comunicación, la falta de formación de los profesionales y las barreras financieras”, describió.
El Informe Mundial sobre la Discapacidad, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de 2011, precisó que “las mujeres tienen más probabilidades de sufrir discapacidad que los hombres y las personas mayores más que los jóvenes” y anticipó que “la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su prevalencia está aumentando”.
“Se debe a que la población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior entre los adultos mayores, y también al aumento mundial de enfermedades crónicas tales como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental”, refirió en su prefacio.
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La discapacidad rompió murallas de sexo, edad, situación socioeconómica, estado civil, raza, religión, sitio de residencia y otras condiciones. Una mezcla dramática surgió en personas con discapacidad que son infantes indígenas o afrodescendientes y viven en pobreza y discriminación y en zonas de alta peligrosidad o criminalidad.
“La vida de muchos niños y niñas con discapacidad está marcada por una exclusión y privación extremas”, afirmó la especialista paraguaya en educación inclusiva Cynthia Brizuela, referente regional para asuntos de inclusión de la discapacidad de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe.
“En comparación con sus semejantes sin discapacidad, niños y niñas con discapacidad tienen 34% más de probabilidades de presentar retraso del crecimiento; 49% más de no asistir nunca a la escuela; 41% más de sentir que sufren discriminación; 51% de considerarse infelices y 20% menos de probabilidades de tener expectativas de mejor vida”, dijo Brizuela a este diario.
“Nuestra región tiene más de 19 millones de niños y niñas con discapacidad viviendo en medio de esta multiplicidad de retos. Lamentablemente, muchos de esos desafíos y desventajas que se acumulan en la infancia con discapacidad y en sus familias, se vieron profundizadas” por la crisis sanitaria por el coronavirus de 2020 a 2022, puntualizó.
En la pandemia “las dificultades” emergieron “desde el aislamiento que sufrieron muchas personas, hasta la necesidad de compartir todo el tiempo en un entorno familiar donde (como ocurre con niños sordos) no es posible comunicarse”, recordó.
Tras citar trabas para cumplir reglas básicas de higiene y distancia social “por la necesidad de recibir apoyo de otras personas” por incomprensión de las medidas, apuntó que hubo “barreras para acceder al aprendizaje en línea que (…) llevaron a niños y adolescentes con discapacidad a encontrarse aún más postergados y excluidos de la educación”.
Madre de Marco, adolescente con Asperger (un tipo autismo), Brizuela compartió pinceladas esenciales:
+ Con brechas enormes y desventajas que se acumulan, la pobreza, el género, vivir en un entorno rural o ser de una comunidad originaria hacen que las necesidades de apoyo para un infante con discapacidad para desarrollarse al máximo de su potencial estén “mucho menos disponibles”.
+ Sin “desmoralizarnos” ni poner la inclusión como algo imposible, urge desarrollar políticas inclusivas de educación, salud y protección social, porque la inclusión es posible y “ya en muchos lados está ocurriendo”.
+ Se requiere innovar, abrirse a las nuevas tecnologías y generar el cambio cultural y de actitud en cada casa, escuela y comunidad y reorientar capacidades instaladas y recursos disponibles para apoyar a los centros educativos, de salud e instancias que quieran “apostar” por la inclusión.
Doctor en Economía, informático administrativo, ex presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, ex viceministro de Hacienda, experto técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ex superintendente de Pensiones y profesor universitario, el costarricense Álvaro Ramos Chaves recorrió cargos públicos y privados, dentro y fuera de Costa Rica, de 2011 a 2022 y de sus 27 a 38 años de edad.
Y también es… sordo desde que nació: cumplirá 40 el próximo miércoles, en una vida en la que venció adversidades, recurrió a audífonos, reconocimiento de patrones e inteligencia analítica y logró calificaciones perfectas al ingresar a la Universidad de Costa Rica (la principal de este país) y a la de California en Berkeley, ambas estatales.
Casado desde 2013 con la costarricense Melissa Castro Fonseca, con quien procreó a Mariana, de 6, y a Fátima, de 3, asumió más de un año como consultor y director del Observatorio de Políticas Públicas en la (no estatal) Universidad Braulio Carrillo, de la capital.
Profundo conocedor de las complicaciones de las personas con discapacidad, por su trayectoria personal, narró a este periódico que “las personas con discapacidad sufren por partida doble la vulnerabilidad económica”.
“Una persona en silla de ruedas (tiene) las consiguientes limitaciones para ganarse el sustento, pero con gastos adicionales, como la silla (…) y demás retos de desplazamiento que tenga”, describió.
Con un ejemplo simple, exhibió una realidad. “En Estados Unidos la presión política por inventar los subtítulos en la televisión no fue por los sordos de nacimiento como yo. Fue por veteranos de guerra y adultos mayores que ya no oían bien”, explicó.
Entre otros aspectos, planteó:
+ Algunos expertos consideran importante construir líneas de pobreza especializadas para personas con discapacidad. La satisfacción de las necesidades básicas de una persona con discapacidad es más costosa que para una persona sin esas limitaciones.
+ En una zona con tanta desigualdad estructural como América Latina y el Caribe y deficientes redes de protección social, la vulnerabilidad de estos grupos sociales se magnifica y se desaprovechan “terriblemente” los inmensos aportes que podrían dar a la sociedad.
+ Muchas discapacidades requieren de educación especializada y, en especial, en no videntes, no oyentes y neuro—diversos.
+ Tras el COVID--19, el reto mayor está en el envejecimiento poblacional. La mayoría de personas con problemas de vista, audición, movilidad y cognitivos está en edades avanzadas.
+ Es importante construir sociedades más inclusivas y compasivas con las limitaciones que “podemos” tener los seres humanos. Todos “estamos” sujetos a esas vulnerabilidades.
Ramos cerró con varias frases: “Quizá no todos nacimos sordos, pero hay infinidad de maneras de quedar sordo. Un mundo amigable a los sordos es también un mundo amigable a los adultos mayores que ya no oyen como antes”.
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