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Varsovia.— Una polémica legislación que requiere que un tercio de los jueces de la Corte Suprema se retire entró ayer en vigor, defendida por el gobierno polaco a pesar de la oposición de la presidenta del Tribunal Supremo, las protestas ciudadanas y las críticas de la Unión Europea (UE).
A lo largo de todo el día hubo manifestaciones contra la reforma ante el Supremo, en Varsovia, donde a última hora de la tarde se concentraron varios miles de personas, y ante tribunales de todo el país, bajo el lema: “En defensa de la legalidad constitucional, contra la reforma judicial del gobierno del partido nacionalista Ley y Justicia”.
El Nobel de la Paz Lech Walesa, ex líder del sindicato Solidaridad, participó en la concentración de la capital polaca e instó a hacer todo lo posible para defender “la democracia y la independencia judicial”, algo a lo que él mismo se comprometió a seguir haciendo, a sus 74 años.
La presidenta de la Corte Suprema, Malgorzata Gersdorf, desafió la nueva ley al presentarse en su oficina como de costumbre, siendo aplaudida por cientos de partidarios que coreaban la palabra “Constitución” y cantaban el himno nacional polaco. “Mi presencia aquí no se trata de política, estoy aquí para proteger el Estado de derecho”, dijo a periodistas.
La nueva ley rebaja la edad de jubilación de los jueces de 70 a 65 años, lo que obligaría a retirarse a 27 de los 72 que componen este órgano, incluida la propia Gersdorf, de 65 años, aunque un experto en derecho constitucional dijo que cumplía con las condiciones para permanecer en el lugar hasta que expire su mandato de seis años. Gersdorf se convirtió en presidenta de la Corte Suprema en 2014.
Según el presidente polaco, Andrezj Duda, vinculado al partido Ley y Justicia, la juez sería reemplazada temporalmente por otro juez de la Corte, Jozef Iwulski.
Gersdof consideró que en la práctica, la nueva ley es una “purga”. La ley establece que los jueces que deseen continuar en el cargo deberán expresarle su voluntad de hacerlo al presidente Duda, quien podría renovarles su mandato por tres años más.
El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, defendió ante la Eurocámara el derecho de cada país a configurar su sistema judicial “según sus tradiciones”, después de que la UE abriera un procedimiento de infracción a Polonia por la reforma del Tribunal Supremo, al considerar que socava la independencia judicial en el Estado miembro ex comunista más grande de la UE.
Morawiecki puso de relieve que la estructura judicial de Polonia no ha cambiado desde el comunismo, y recordó que algunos de los principales jueces polacos se mantienen en su puesto desde el citado régimen, lo que exige una profunda reforma para “eliminar definitivamente al comunismo de las instituciones polacas”.
El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, replicó que “cuando hay ataques contra el Estado de derecho, no podemos ignorar simplemente estos hechos diciendo que se tratan de cuestiones nacionales”.
Los críticos en Polonia y en el exterior dicen que las políticas del oficialismo, que también incluyen un control más estricto de los medios públicos, equivalen a un giro hacia un gobierno autoritario.
El conflicto ha aislado a Polonia en Europa, donde la mayoría de los gobiernos es crítica, y al mismo tiempo expone la incapacidad de la UE de alinear a gobiernos que cree que contradicen los valores fundamentales del bloque.
Bruselas ya activó meses atrás el artículo 7 del Tratado Europeo contra Polonia, al entender que sus reformas, entre ellas esta de la Justicia, menoscaban los valores europeos y la democracia.
