Desapariciones forzadas, un problema persistente; Convención Internacional cumple 20 años

Bruselas.— La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas cumple su vigésimo aniversario en un contexto de creciente precariedad en materia de derechos humanos, de restricciones sin precedentes para el órgano creado en virtud de tratado y de proyecciones de futuro aún más sombrías.

“El aniversario no debería ser solamente una celebración de la Convención, debería ser un momento para hacer un balance y preguntarnos por qué, 20 años después, seguimos teniendo miles de familias buscando a sus seres queridos y por qué la impunidad sigue siendo una de las principales condiciones que permiten que las desapariciones continúen”, dice a EL UNIVERSAL Michael Chamberlin, de la organización Consultora Solidaria.

“El gran reto continúa siendo pasar de las instituciones y las normas a los resultados. Una familia no necesita solamente que exista una comisión de búsqueda; necesita que su hija, su hijo, su padre o su madre sea buscado de manera inmediata, diligente y efectiva. Necesita saber qué ocurrió, dónde está y quién fue responsable. Y ahí seguimos teniendo enormes pendientes”.

Lee también Muere ahogado Mario Genz, cónsul de Alemania en Costa Rica; cancillería lamenta envía sus condolencias

El problema sigue creciendo. Al 28 de febrero de 2026, el Comité creado por Naciones Unidas para atender las acciones más urgentes y supervisar su cumplimiento por parte de los países involucrados había registrado 2 mil 239 peticiones de búsqueda desde 2012, año en el que comenzó a gestionar de manera operativa las denuncias recibidas de los estados parte.

De ese universo, 240 correspondieron a 2025, cifra superior en comparación con el año precedente, 212 casos, y la segunda más alta a lo largo del tiempo; sólo en 2019 se registró un índice mayor, 248. Hasta febrero se habían contabilizado 26 casos en lo que va del presente año. Desde el inicio del procedimiento se han localizado a 546 personas desaparecidas, 427 de ellas con vida.

La lista negra la encabeza México, con 36% del total, es decir, 819 casos. El alto índice de desaparecidos explica por qué México es el primer país al que el Comité aplica el artículo 34 de la Convención, que establece el envío de la situación a la Asamblea General de la ONU para que examine la mejor forma de asistir al país. El Comité decidió solicitar al secretario general de las Naciones Unidas que remita urgentemente la situación en México a la Asamblea General al constatar que hay indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio.

Lee también Acuerdo petrolero entre EU y Venezuela tiene duración de 25 años, informa Delcy; van por 1.5 millones de barriles diarios

“El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”, dijo en su momento Juan Pablo Albán Alencastro, presidente del Comité. “El procedimiento previsto en el artículo 34 tiene por objeto facilitar cooperación y apoyo oportuno para que el Estado parte pueda reforzar su respuesta, proteger a las víctimas y a sus familias, y evitar que la situación se deteriore aún más”.

El Comité sostiene que el continuo hallazgo de fosas clandestinas en el país pone de relieve la magnitud de la crisis: se han encontrado más de 4 mil 500 fosas, que contienen más de 6 mil 200 cadáveres y 4 mil 600 restos humanos, así como unos 72 mil restos humanos no identificados. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta, hasta el 25 de agosto, 133 mil 697 personas cuyo paradero no se sabe. La ONU continúa sus deliberaciones sobre el procedimiento iniciado a México el pasado 2 de abril.

“Que México aparezca en primer lugar no debería ser motivo de orgullo por la capacidad de registrar casos. Debería ser una señal de alarma sobre la dimensión de una crisis humanitaria que no hemos podido detener”, señala Chamberlin.

Lee también "Lago Ontario, ahora y siempre"; primer ministro Doug Ford responde a "Lago América" ​​de Trump

“Pero también nos dice algo más profundo: la desaparición se ha convertido en una forma de violencia que atraviesa territorios, generaciones y sectores sociales, y que puede ocurrir con una enorme probabilidad de impunidad”. Sostiene que 20 años después de la Convención, el caso mexicano deja como lección que no basta con crear normas e instituciones para buscar eficazmente, investigar seriamente y llevar a los responsables ante la justicia. “El problema es que todavía no hemos conseguido que esas normas cambien la realidad de las familias. El verdadero éxito de una política de desapariciones no se mide por las instituciones que creamos, sino por las personas que encontramos, la verdad que conocemos, la justicia que conseguimos y las garantías de que esto no vuelva a ocurrir”, insiste el experto.

El segundo con peor récord en desapariciones forzadas lo tiene Irak, con 669 casos remitidos al Comité, seguido por Colombia, con 254, y Cuba, con 200. En Irak, muchos de los incidentes están asociados a la lucha contra el terrorismo y los secuestros llevados a cabo contra civiles y militares por las agrupaciones fundamentalistas afiliadas al Dáesh. El Comité reconoce que los casos examinados representan sólo la punta del iceberg de la crisis interna. Tan sólo las estadísticas de la región del Kurdistán reportan el secuestro de 6 mil 417 yazidíes, en su mayoría mujeres y niños; de los cuales 3 mil 576 habrían sido rescatados y el resto sigue en paradero desconocido.

Ecuador es otra nación que atrae cada vez mayor atención del Comité, en total han llegado desde 2024 a Ginebra 33 casos por la vía del procedimiento de “acción urgente”. “El vigésimo aniversario de la Convención ocurre en un momento paradójico. Por un lado, tenemos un instrumento internacional que significó un enorme avance: reconoce que la desaparición forzada no es solamente un delito, sino una violación múltiple de derechos humanos que compromete la responsabilidad del Estado y que afecta no solamente a quien desaparece, sino también a sus familiares y a la sociedad”, sostiene Chamberlin. “Pero 20 años después tenemos que preguntarnos qué tanto hemos conseguido convertir esos principios en realidad. Y ahí el balance es preocupante. Las desapariciones siguen ocurriendo y, en países como México, han adquirido una dimensión que rebasa la capacidad de las instituciones para buscar, investigar, identificar y reparar”, apunta.

Lee también "Ojalá expulsen a Rocha y lo envíen a EU"; exdirector de la DEA insiste en su extradición y comparte imagen hecha con IA

Menos recursos

Los casos registrados por el Comité cumplen características particulares de desaparición forzada, por lo que sus cifras son punta del iceberg sobre el número real de personas cuyo paradero es desconocido a nivel planetario. La Red de Vínculos Familiares de la Cruz Roja Internacional registró 227 mil 378 nuevos casos de personas desaparecidas en 2025. Al creciente volumen de solicitudes de intervención urgente recibidas, el Comité enfrenta el reto de trabajar con recursos cada vez más limitados, y “no se prevé que esa situación cambie en un futuro próximo”, dice institución.

Las restricciones financieras creadas por demoras en las aportaciones financieras realizadas por algunos Estados para el funcionamiento de la ONU y sus organismos están generando una serie de dificultades operativas. Se estima que el tiempo de las reuniones de trabajo se redujo 30% en 2025. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, advierte que, si tendencia a la disminución de los recursos continúa, el sistema podría llegar a punto de ruptura. En el último periodo de sesiones, el 9 de marzo en el Palacio Wilson, en Ginebra, el Comité dejó asentado que el organismo y el sistema internacional de derechos humanos están inmersos en un contexto de profunda crisis que no podía considerarse meramente de carácter temporal.

“Las restricciones presupuestarias y administrativas, así como la incertidumbre sobre la continuidad de la labor, están afectando a la capacidad de los órganos creados en virtud de tratados para cumplir su mandato.

Lee también Trump no puede deportar a estudiantes por criticar a Israel, dictamina jueza; gana periódico estudiantil de Stanford

“La crisis actual no ha surgido de forma aislada, sino en medio de una época especialmente sombría a escala mundial, marcada por la agresión militar, los conflictos prolongados de forma irracional, el auge del autoritarismo, los descarados desafíos al derecho internacional y los intentos de deslegitimar los derechos humanos”.

Precisa que cuando se socavan los derechos y se sabotean los mecanismos internacionales de supervisión, los seres humanos quedan expuestos a los abusos y la violencia.

Emiten “alerta roja” por pastillas de éxtasis con forma de Trump; podrían ser letales, “por ningún motivo las usen”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.