Miami.— La estadounidense Nancy Guthrie desapareció en Tucson, Arizona, y su caso se convirtió en noticia nacional casi de inmediato porque su hija, Savannah Guthrie, conduce un programa de televisión de gran audiencia. Pero pocos casos tienen ese nivel de exposición.
En la página oficial del Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas (NamUs) de Estados Unidos, el gobierno señala que “más de 600 mil personas desaparecen en Estados Unidos cada año”. Y añade que “muchos niños y adultos desaparecidos se encuentran rápidamente, vivos y sanos”, pero “decenas de miles de personas siguen desaparecidas”. Si las personas desaparecidas son afroestadounidenses, hispanas, o nativas, las probabilidades se desploman.
Mientras el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento del alguacil del condado de Pima enfocaban recursos en el asunto e informaban a la población en conferencias y redes sociales, en San Antonio, Texas, Rosario Olmos, madre de Camila Mendoza Olmos, expresaba su desesperación por la desaparición de su hija. “No tenemos idea de dónde podría estar”. Pero la atención mediática a su caso ha sido mínima.
El Centro Nacional de Información sobre Delitos (NCIC), que administra el FBI, es el registro policial nacional donde se ingresan y se consultan reportes de personas desaparecidas para que cualquier agente autorizado en el país pueda revisar si una persona está reportada y qué datos existen sobre su caso. En 2024, el FBI registró 533 mil 936 entradas de personas desaparecidas y el año cerró con 93 mil 447 registros sin resolver; en 2025 registró 498 mil 38 entradas y el año cerró con 88 mil 93 registros sin resolver.
El registro de una persona desaparecida puede salir del sistema porque la policía localizó a la persona o porque ésta volvió por su cuenta. “Muchos reportes se cierran, pero cerrarlos no siempre equivale a saber qué pasó”, comenta a EL UNIVERSAL la socióloga Cecilia Castañeda.
NamUs reconoce que “decenas de miles de personas siguen desaparecidas durante más de un año y algunas, incluso, nunca aparecen”. Esa es la parte que muchas agencias llaman “casos fríos” y es donde el tiempo trabaja en contra de la evidencia y de los testigos.
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El NCIC incluye distribución de personas por raza.
En 2024, el NCIC cerró con 93 mil 447 registros activos: 51 mil 952 fueron clasificados como White (55.6%), 28 mil 551 como Black (30.6%), 2 mil 253 como Asian (2.4%), mil 540 como Indian (1.6%) y 9 mil 151 como Unknown (9.8%). En 2025, el NCIC cerró con 88 mil 93 registros activos: 49 mil 861 White (56.6%), 26 mil 207 Black (29.7%), 2 mil 240 Asian (2.5%), mil 476 Indian (1.7%) y 8 mil 309 Unknown (9.4%).
¿Dónde están los latinos o hispanos? En los resúmenes anuales del FBI para el NCIC, el cuadro de “sexo/raza” no incluye una columna Hispanic/Latino. En el cierre de 2024 y 2025, el propio cuadro público del FBI sólo muestra categorías de raza como asiáticos, negros, indios, desconocida y blancos, sin un desglose separado para los hispanos/latinos.
La categoría hispano sólo figura como origen étnico, no como raza específica, por lo que la policía puede incluirlo de forma opcional. En 2022, de las más de 271 mil entradas totales en la categoría de mujeres desaparecidas, 21 mil 759 de ellas fueron clasificadas como hispanas.
Pero en la base de datos general, el campo opcional de origen étnico se rellenó en menos de 20% de los casos. Eso complica saber cuántos hispanos están desaparecidos en el país.
A esta deficiencia se suma el hecho de que, históricamente, los desaparecidos de minorías reciben menos atención.
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A pesar de representar aproximadamente 40% de los casos de gente no localizada, las personas de color están desproporcionadamente infrarrepresentadas en la cobertura mediática.
Incluso existe desde hace años lo que se conoce como “síndrome de la mujer blanca desaparecida”, una expresión que acuñó la ya fallecida periodista Gwen Ifill, que hablaba de la fascinación de los medios de comunicación en Estados Unidos por cubrir casos de mujeres blancas, mientras que las personas desaparecidas de color reciben mucho menos atención.
Otro ejemplo claro fue, en 2021, el de Gaby Pettito, asesinada por su pareja y cuya búsqueda capturó la atención no sólo en Estados Unidos, sino a nivel internacional.
Tomando eso en consideración, la revista de Periodismo de Columbia (CJR) creó la herramienta “¿Eres digno de aparecer en la prensa?”, que muestra, con estadísticas, cómo las mujeres jóvenes y blancas reciben más cobertura mediática que otros grupos raciales, como afroestadounidenses, latinos e indígenas.
“Las implicaciones de esto son, literalmente, de vida o muerte: la cantidad de cobertura mediática que se recibe inmediatamente después de desaparecer tiene un resultado directo en lo que ocurre con tu caso”, advirtió en declaraciones a NPR News Kyle Pope, editor y director de CJR.
En menores de edad, la ley y los protocolos federales presionan más para que la reacción sea inmediata, porque el tiempo importa desde el primer minuto.
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Un documento del Departamento de Justicia (DoJ) de Estados Unidos al que EL UNIVERSAL tuvo acceso advierte que “la Ley Nacional de Ayuda en la Búsqueda de Niños requiere que las autoridades policiacas ingresen inmediatamente todos los casos notificados de niños desaparecidos”; el mismo documento ordena “ingresar inmediatamente la información sin ninguna demora”.
Sin embargo, en el documento se señala que “desafortunadamente, en algunos casos, los datos de un niño secuestrado no se ingresan hasta varias horas e incluso días después de la desaparición”. Esta demora, se reconoce, “puede tener consecuencias muy desafortunadas”.
En Estados Unidos el grupo de apoyo nacional para casos de menores es el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), que funciona como puente entre familias y policías, y concentra la experiencia que muchos departamentos locales no tienen por volumen o por especialización. La Alerta Amber, aunque en el imaginario estadounidense es la respuesta automática en el caso de los desaparecidos menores, es sólo una herramienta para secuestros con riesgo alto y con información suficiente, pero no aplica para la mayoría de las desapariciones de menores.
El caso de Mirlen Pineda, una niña de 13 años que desapareció en Dallas, Texas, es un ejemplo de cómo la atención de los medios puede ser clave para su localización.
La familia de Mirlen contó a medios que la llevó a la escuela, “como todos los días. Desde el auto la vi entrar”. Pero cuando regresó, a la salida de la escuela, la niña había desaparecido.
Gracias a que la historia fue difundida en televisión, alguien que vio la foto de la pequeña la identificó y reportó haberla visto. Su llamada derivó en el rescate de Mirlen.
En adultos, la respuesta suele ser más irregular porque depende todavía más del criterio local y de los recursos del lugar.
NamUs, que depende del Instituto Nacional de Justicia (NIJ), que está dentro del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ), señala que “todos los casos ingresados son examinados por la agencia correspondiente antes de su publicación en NamUs, y una vez que NamUs obtiene el permiso de la agencia investigadora, el caso se publica”. Esto protege investigaciones y privacidad, “pero también significa que muchas historias no se vuelven visibles para el público general”, comenta la socióloga Castañeda.
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