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Washington.— Por lo menos 138 salvadoreños deportados por Estados Unidos en los últimos años fueron asesinados tras regresar a su país, dijo Human Rights Watch en un reporte publicado ayer, mientras el gobierno de Donald Trump dificulta que los centroamericanos busquen refugio en la nación norteamericana.
La mayoría de los decesos documentados por HRW en el informe ocurrieron menos de un año después de que los deportados volviesen a El Salvador y algunos incluso en cuestión de días. La organización de derechos humanos confirmó al menos 70 casos de agresión sexual u otro tipo de violencia.
Hechos así ponen de relieve el riesgo que enfrenta la gente que es forzada a regresar por una ley estadounidense que obliga a deportar a extranjeros condenados por determinados delitos, y por las políticas del gobierno de Trump que desaniman a los solicitantes de asilo, señaló Alison Leal Parker, directora gerente del grupo en Estados Unidos.
“Nuestra preocupación es que muchas de estas personas se enfrentan a una sentencia de muerte”, señaló Leal Parker.
Entre 2014 y 2018, Estados Unidos deportó a alrededor de 111 mil salvadoreños a su país, que durante mucho tiempo ha sido dominado por la violencia de las maras.
Naciones Unidas reportó el año pasado que los asesinatos en El Salvador, en su mayoría ligados al conflicto de las pandillas, descendieron desde su apogeo de más de 6 mil en 2015, pero el país sigue teniendo una de las tasas de homicidios más altas del mundo. El número de salvadoreños que solicitaron asilo en Estados Unidos creció cerca de 1,000% entre 2012 y 2017, y muchos de ellos alegaron amenazas de bandas como motivo; sin embargo, sólo alrededor de 18% recibió protección.
Human Rights Watch confirmó las 138 muertes durante ese periodo a través de los registros oficiales, entrevistas con familias y reportes en prensa, pero cree que la cifra real es mucho más alta, en parte porque algunas no se notifican por el estigma de la deportación. El número de agresiones es probablemente bajo también por la falta de denuncias en el país, de 6.5 millones de habitantes.
La canciller salvadoreña Alexandra Hill Tinoco dijo a la prensa que algunos asesinados eran miembros de pandillas, aunque reconoció que los deportados enfrentan estigmatización en el país. La funcionaria atribuyó la violencia en el país a disputas entre pandillas, y evitó responder directamente cuando le preguntaron sobre las denuncias contenidas en el informe de que policías han asesinado a deportados que supuestamente formaban parte de grupos delictivos.
“Miren, tenemos que tomar todo en contexto”, agregó. “Las pandillas matan niños, desmiembran, son el terror de comunidades y nosotros estamos trabajando mucho, muchísimo bajo el mandato del presidente (Nayib) Bukele”.
