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Honduras
se precipitó en una agravada situación de violencia y represión políticas tras los comicios presidenciales del pasado 26 de noviembre con al menos 38 muertos, mientras el gobernante hondureño, Juan Orlando Hernández , “aumentó la concentración de poder en su persona para así controlar instituciones claves del país” al lograr reelegirse pese a las prohibiciones constitucionales .
La denuncia fue planteada hoy en Bogotá ante el 167 periodo de sesiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) por la no estatal Coalición contra la Impunidad de Honduras —que reúne a 58 organizaciones de la sociedad civil hondureña—y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), agrupación interamericana con sedes en Estados Unidos , Costa Rica y Argentina .
Una de las consecuencias de que Hernández tiene una concentración de poder es que la Sala Constitucional “dejó sin aplicar la norma pétrea que prohibía la reelección de presidente en el país, permitiendo de esta manera” que el actual mandatario, quien asumió un primer periodo de cuatro años en enero de 2014, “pudiera volver a presentarse y salir elegido presidente de nuevo”, aseguraron la Coalición y CEJIL ante la CIDH en la capital colombiana.
Tras el estallido de la crisis electoral, con acusaciones de las fuerzas políticas opositoras de que hubo un fraude, el gobierno de Honduras rechazó reiteradamente los ataques en su contra acerca de que cometió abusos policiales y militares en las respuestas a las marchas de protestas que estallaron en distintas ciudades hondureñas. El gobierno de Hernández alegó que su actuación se apegó a la ley para mantener la seguridad y la tranquilidad en Honduras.
En la audiencia en la CIDH, los representantes del Estado hondureño invitaron al comisionado Joel Hernández García, nuevo relator de la Comisión para Honduras, a viajar a ese país en abril próximo.
El Estado hondureño se comprometió a analizar la inclusión de la sociedad civil en una mesa de trabajo conjunta con el Ministerio Público, para investigar las violaciones de derechos humanos denunciadas.
Los detalles de la comparecencia en la Comisión en Bogotá fueron suministrados a EL UNIVERSAL por ambas organizaciones. La CID H tiene su sede en Washington, pero acostumbra sesionar en América Latina y el Caribe.
La denuncia en Bogotá se registró horas antes de que la embajadora de Estados Unidos en la Organización de Naciones Unidas, Nikki Haley, inicie hoy una visita a Honduras, que concluirá mañana cuando viajará a Guatemala.
El candidato de la opositora Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, proclamó su triunfo y acusó que hubo fraude para conceder la victoria a Hernández, del oficialista Partido Nacional (PN), para que se reeligiera y gobierne por otros cuatro años a partir de enero pasado.
El Tribunal Supremo Electoral proclamó el 17 de enero anterior que Hernández ganó los comicios, lo que llevó a algunos gobiernos, como los de Estados Unidos, México y Colombia, a reconocerle como presidente electo. Aunque fueron avalados por Washington, las elecciones fueron catalogadas como fraudulentas e irregulares por la Organización de Estados Americanos (OEA), que inicialmente pidió su repetición—solicitud rechazada por Hernández—y luego se involucró en un proceso de diálogo interno.
“Duras respuestas”. La Coalición y CEJIL denunciaron en la CIDH “el estado de represión y militarización ejercido contra la población hondureña durante los pasados meses, con duras respuestas contra los manifestantes a los que se reprime con gases lacrimógenos y químicos, uso de instrumentos militares no autorizados, detenciones arbitrarias, uso de armas de fuego”.
“El gobierno ha implementado otras prácticas para identificar y sancionar a personas opositoras. De esta manera se realizan allanamientos domiciliarios, registros indebidos, se usa el derecho penal de manera indebida para criminalizar la protesta social, se ha aumentado la presencia militar y policial en las zonas donde hay más opositores y están ocurriendo ejecuciones selectivas de personas que han participado en acciones de protesta”, agregaron.
Ante la CIDH, las dos organizaciones presentaron un recuento de las cifras de la violencia política que se desató en Honduras después de las elecciones.
Según esos datos, hubo 192 manifestaciones reprimidas y unas mil 257 detenciones, con 38 muertos, una persona “detenida desaparecida”, 76 víctimas de torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes y 393 personas heridas y lesionadas en las protestas y “varias de ellas con consecuencias irreversibles en su salud”.
Las dos agrupaciones aseguraron que, por persecución política, 105 personas fueron desplazadas de sus sitios de residencia, mientras que 15 periodistas sufrieron agresiones, con 89 personas criminalizadas—24 en prisión preventiva—que son consideradas como prisioneras políticas. También contabilizaron a 73 personas defensoras de derechos humanos como víctimas de amenazas y otras acciones.
Entre algunas de sus demandas, la Coalición y CEJIL pidieron al Estado de Honduras a que se comprometa “al cese del uso indiscriminado y excesivo de la fuerza en las manifestaciones y de la persecución selectiva de líderes y lideresas sociales”.
