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El gobierno del presidente Donald Trump incurrió en la práctica inconstitucional de inspeccionar sin órdenes judiciales los teléfonos y computadoras de estadounidenses que son retenidos en la frontera , según una demanda presentada el miércoles.
Diez estadounidenses y otra persona con residencia permanente legal demandaron al Departamento de Seguridad Nacional ( DHS ) ante un tribunal federal, alegando que las inspecciones y la confiscación prolongada de sus dispositivos violaban la protección a la privacidad y a la libertad de expresión amparadas por la Constitución estadounidense.
En abril, el servicio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza reportó que las inspecciones se incrementaron de 8.500 en el año fiscal 2015 a cerca de 19.000 en el año fiscal 2016. La agencia ha realizado casi 15.000 en la primera mitad del año fiscal 2017.
La demanda fue presentada por un grupo compuesto por un veterano del ejército estadounidense, un ingeniero de la NASA, dos periodistas y un programador de computadores ante el Juzgado de Distrito de Massachussett.
La Fundación Frontera Electrónica ( EFF , por sus siglas en inglés) y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles ( ACLU , por sus siglas en inglés), que representan a los demandantes, dijeron que varios de ellos son musulmanes o pertenecen a una minoría.
Suhaib Allababidi, ciudadano estadounidense que vive en Texas y que participa en la demanda, dijo que Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza lo retuvo el 21 de enero en el aeropuerto de Dallas cuando regresaba de un viaje de negocios a Dubái.
Allababidi relató que no quiso desbloquear su teléfono personal luego de permitir la revisión de su teléfono de trabajo. Las autoridades le quitaron ambos aparatos y le dieron el teléfono de trabajo dos meses después pero aún no le devuelven su teléfono personal.
En general, a los agentes de la ley se les exige tener una orden judicial para poder revisar los dispositivos electrónicos de un estadounidense. Pero una excepción a la regla que se aplica en la frontera le permite a las autoridades federales realizar inspecciones si están a menos de 160 kilómetros de uno de los límites del país, sin necesidad de orden.
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