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Madrid.— La sindicalización de las trabajadoras sexuales generó en España una polémica que ya le costó el puesto a la directora de Trabajo, Concepción Pascual, quien dimitió por permitir la legalización de uno de los sindicatos que busca arropar laboralmente a las prostitutas.
“La prostitución no es legal en España y este gobierno no puede admitir que bajo el [pretexto] de un ‘sindicato’ de trabajadores y trabajadoras del sexo, se dé cabida a la prostitución”, reviró el Ministerio de Trabajo, luego de señalar que impugnará la reciente legalización de la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS).
La titular de la dependencia gubernamental, Magdalena Valerio, reconoció que no tenía constancia de la existencia del nuevo sindicato, a pesar de que la Dirección General de Trabajo, que depende del ministerio procedió a su legalización el pasado 4 de agosto.
La aparición de OTRAS saltó a los medios de comunicación y tomó por sorpresa al gobierno socialista, que inició de inmediato los trámites para la anulación del sindicato de trabajadoras sexuales, a pesar de contar con autorización oficial.
“Nos hemos organizado como mujeres librepensadoras. No somos sujetos pasivos. Somos las mujeres más castigadas socialmente y no podemos tener los mismos derechos que los demás. Las trabajadoras sexuales merecemos todo respeto. Quieren mantenernos al margen de la sociedad”, argumentó en rueda de prensa la secretaria general de OTRAS, Concha Borrell.
El pasado mes de julio, la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), sentaba un precedente en España al crear la primera sección sindical de trabajadoras sexuales, cuya actividad no está regulada por ley.
“Creemos que la sindicalización es la mejor vía para el reconocimiento de nuestros derechos laborales, acompañando las reivindicaciones de otros trabajadores y que estos reconozcan nuestra actividad como un trabajo más”, dijo a EL UNIVERSAL Paula Ezkerra, trabajadora sexual y portavoz de la sección que agrupa a las prostitutas en la IAC.
A diferencia de OTRAS, esta sección de trabajadoras sexuales se creó dentro de una estructura sindical que estaba ya en funcionamiento.
“El gobierno socialista se comporta de una manera hipócrita. Nos niega los derechos laborales, pero concede permisos a los dueños de los clubes de alterne [prostíbulos]. El sector está regulado a favor de los empresarios. La ministra de Trabajo no puede decir que la prostitución es ilegal o ilícita, porque sencillamente no es verdad”, declaró la trabajadora sexual, quien considera que la sociedad entiende mejor que los políticos el ejercicio de sobrevivencia que realizan ellas a diario.
“El trabajo sexual viene acompañado del estigma de ser puta. Queremos tener los mismos derechos que cualquier otro trabajador o trabajadora, desde el cobro del desempleo a las ayudas para ser madres, pasando por las vacaciones o la jubilación.
“Con nuestro trabajo nosotras también aportamos al PIB (Producto Interno Bruto), pero el Estado sólo devuelve parte de esas aportaciones a los empresarios”, indicó Paula para enfatizar que las mujeres que son trabajadoras sexuales son también merecedoras de derechos civiles.
“Al negarnos los derechos como trabajadoras nos están negando también el derecho a la ciudadanía. De hecho, se permiten hablar por nosotras y decir que no somos capaces. Hay un prejuicio moral. Lo que hacen es traspasar sus emociones a nuestra realidad”, consideró la líder sindical de la IAC.
“Para nosotros ‘puta’ es sinónimo de mujer libre e independiente y queremos cambiar esa perspectiva de que la ‘puta’ es una mala mujer. Como bien dicen las bases de los movimientos feministas: ‘nada de mí, sin mí’. Aunque es cierto que hay distintas tendencias dentro del feminismo”, dijo.
El limbo jurídico en el que se halla la prostitución en España permite en la práctica la actividad de las trabajadoras del sexo, que ofrecen sus servicios en los lugares más variados, sobre todo en prostíbulos encubiertos que cuentan con el permiso de las autoridades o de manera más disimulada en ciertas zonas urbanas y en la periferia de las grandes ciudades.
“Los tribunales castigan el proxenetismo, pero sólo cuando se obliga a las mujeres a prostituirse, y se sanciona el consumo únicamente si se solicita o se ejecuta en determinados lugares públicos”, señaló el columnista Juan Carlos Escudier.
A la legalización de la prostitución se opone no sólo el gobierno de Pedro Sánchez, sino también buena parte del movimiento feminista que considera que es un sistema de explotación que degrada a la mujer, vulnera sus derechos y fomenta la trata, por lo que debe abolirse.
Los sindicatos mayoritarios están divididos, ya que mientras unos rechazan la legalización de la prostitución, otros defienden que se ponga fin a la vulnerabilidad y precariedad de este sector mediante el reconocimiento explícito de sus derechos laborales.
En España se calcula que unas 100 mil mujeres trabajan en la prostitución, negocio que mueve cerca de 4 mil millones de dólares al año, procedentes en buena parte de los más de mil 500 prostíbulos disfrazados que existen en España y que se conocen comunmente como clubes de alterne.
