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Sao Paulo .- El Estado mexicano rechazó este viernes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) la violación de derechos en el caso de 2 mexicanos que pasaron 17 años en prisión preventiva oficiosa sin haber recibido una sentencia durante ese periodo.
La CorteIDH analizó en Brasilia el caso de los mexicanos Daniel García Rodríguez y de Reyes Alpízar Ortiz , quienes fueron acusados de haber asesinado en 2001 a la regidora de Atizapán, María de los Ángeles Tamés.
García y Alpízar permanecieron en prisión preventiva por 17 años , el tiempo más largo que alguien en México ha estado en la cárcel sin sentencia, hasta 2019, cuando quedaron bajo arresto domiciliario con el uso de brazaletes electrónicos.
No obstante, el pasado mes de mayo la Justicia notificó la sentencia definitiva dictada en contra de Daniel García Rodríguez y de Reyes Alpízar Ortiz por el delito de homicidio en relación al asesinato de María de los Ángeles Támez, imponiéndose una condena de 35 años.
García, un político local en la época, participó en la audiencia de forma telemática y en ella narró su caso, reiteró que fue objeto de una "acusación falsa" por parte del Estado y pidió que se investigue a los jueces que "encubrieron esa falsedad".
"Fui sujeto de una acusación falsa. Solicito una investigación de los hechos sobre la gente que fabricó falsa acusación", declaró García durante una audiencia que se prolongó por más de 8 horas.
Alpízar, por su parte, no participó en la audiencia, pero su testimonio fue leído por su defensa, que narró los episodios de tortura a los que supuestamente estuvo sometido durante su detención.
Los representantes del Estado negaron la práctica de torturas o que se hubiera violado la presunción de inocencia o los derechos de dignidad y honra, lo que fue rebatido por la defensa de García y Alpízar y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
También solicitaron que, en caso de entrar a análisis de fondo, la corte no actúe como "tribunal de cuarta instancia y no decida sobre la inocencia o culpabilidad" de García y Alpízar.
La prisión preventiva oficiosa está en el centro del debate del Poder Judicial en México y está previsto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre la validez de esta medida cautelar el próximo mes de septiembre.
En 2019 el Congreso mexicano aprobó una reforma que amplió el catálogo de delitos por los que se puede encarcelar a una persona de forma automática y sin análisis judicial, entre ellos violencia sexual, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, secuestro y trata de personas.
El presidente de la CorteIDH, el uruguayo Ricardo Pérez Manrique , indicó antes de concluir la audiencia, que las partes tendrán plazo hasta el próximo 29 septiembre para presentar sus alegatos finales por escrito antes de dictar sentencia sobre el caso.
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