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Washington.— La justicia de Estados Unidos volvió a dar un espaldarazo a los dreamers, los jóvenes indocumentados llegados al país en su infancia, después de que la Corte de apelaciones de Virginia concluyera que el intento del gobierno del presidente Donald Trump de eliminar el programa DACA que les protege de la deportación fue “ilegal”.
Por dos votos contra uno, la Corte argumentó que la administración no explicó bien la razón por la cual quería eliminar el plan, contradiciendo la resolución de un juzgado federal que resolvió que el gobierno no había hecho nada mal en su intento de acabar con DACA.
“La decisión no fue explicada de forma adecuada y, por tanto, fue arbitraria y caprichosa”, explicó el juez Albert Diaz, quien calificó la actuación del gobierno de “controvertida y polémica”.
Trump anunció en septiembre de 2017 su intención de acabar con un programa de alivio contra la deportación que, por ese entonces, amparaba a más de 690 mil jóvenes, beneficiados de una acción impulsada por el expresidente Barack Obama.
La decisión de la Corte de apelaciones de Virginia se suma a la que hizo la de California, manteniendo con vida el programa DACA al bloquear a nivel nacional el intento de suprimirlo.
Lo más probable es que el gobierno lleve estas decisiones al Tribunal Supremo y sea la alta corte la que decida la legalidad del DACA y el futuro en EU de miles de jóvenes, la mayoría de origen mexicano.
La decisión judicial llegó horas después de que el presidente Trump presentara un nuevo plan migratorio, propuesta con la que quiere convertir la entrada a Estados Unidos en un sistema meritocrático, y que dejó sin respuesta la situación de los dreamers, algo inconcebible para los demócratas, dejando el proyecto de Trump sin ninguna opción de convertirse en legislación.
Ayer también se supo que, según un reporte de The Washington Post, el magnate quiere que el muro con México, diseñado con bolardas de acero de más de nueve metros de altura, sea pintado de negro para que absorba el calor en verano y queme a los migrantes que quieran saltarlo, y que termine en forma puntiaguda para dañar así a los indocumentados.
Además, la emergencia nacional del mandatario para recaudar fondos para la barrera fronteriza llegó a la Corte federal de California para ser analizada. La demanda fue presentada en un tribunal de Oakland por 20 estados, liderados por demócratas, así como por ONG. En ella argumentan que la orden presidencial del 15 de febrero es anticonstitucional.
