Miami. En el mar Caribe, donde cada embarcación es una línea de vida para las islas que importan casi todos sus productos, la llegada de petróleo es cotidiana. Pero desde hace unos años, no todo lo que llega es petróleo limpio. El combustible que arriba desde puertos texanos a varias terminales del Caribe, con documentos que lo presentan como “mezcla industrial” o “aceite reciclado” de acuerdo con informes gubernamentales de Estados Unidos, en realidad tienen un origen turbio o poco claro; su origen se presume que es de ductos petroleros perforados ilegalmente en la república mexicana. El cual es ‘legalizado’ al cruzar la frontera, ese petróleo robado —conocido como huachicol— ha sido reetiquetado, facturado y embarcado hacia refinerías, tanques de mezcla y centros logísticos en República Dominicana, Curazao, Trinidad y Tobago, Bahamas y Jamaica. Las autoridades estadounidenses lo saben. Las locales aún lo están descubriendo.
República Dominicana se ha convertido en un punto de destino clave por su posición estratégica y por contar con la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), que abastece cerca del 80% del mercado interno. Según datos de La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, la Administración para el Control de Drogas (DEA), El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos, a los que EL UNIVERSAL tuvo acceso, al menos tres embarques salieron entre 2022 y 2024 desde Corpus Christi y Brownsville, Texas, rumbo a San Pedro de Macorís, declarando en sus facturas el envío de “aceite industrial técnico para recuperación térmica”.
Sin embargo, las empresas que actuaron como consignatarias en República Dominicana no figuraban en los registros aduanales con experiencia previa en importación de crudo. Una investigación del FBI reveló que una de estas firmas había sido creada seis semanas antes del primer envío. El Departamento del Tesoro estadounidense advirtió en un comunicado reciente que “los cargamentos mal clasificados que se exportan desde Estados Unidos como aceites técnicos pueden en realidad contener petróleo crudo mexicano ilícito. Su destino en el Caribe, donde la fiscalización es parcial, permite su inserción sin obstáculos”.
El gobierno dominicano no ha reconocido oficialmente que su infraestructura energética haya recibido crudo con origen ilícito. Sin embargo, una fuente del Ministerio de Energía dominicano, citada por el periódico Listín Diario, integrante del Grupo de Diarios América (GDA), al que pertenece EL UNIVERSAL, afirmó que “las importaciones energéticas provienen de múltiples proveedores y si llegan con documentos certificados por aduanas estadounidenses, se procesan de acuerdo con la norma”.
Analistas del Caribbean Energy Forum advirtieron las redes criminales instrumentalizan la confianza que se genera en la región cuando el embarque procede de EU. Joel Castillo, experto dominicano en comercio energético, declaró al medio El Caribe que “es indispensable que cada lote recibido se acompañe de análisis de trazabilidad independiente. El petróleo puede llegar en papeles como lubricante industrial, pero terminar refinado como combustible en una estación de Santo Domingo”. Las investigaciones en Estados Unidos siguen abiertas, mientras las autoridades locales no han anunciado medidas de revisión a posteriori.
Curazao, por su parte, no solo recibe petróleo, lo transforma. Tras décadas como centro de refinación para Venezuela, la isla ha mantenido operativas sus terminales de almacenamiento y mezcla, especialmente en el puerto de Willemstad. Esa infraestructura, señala el informe conjunto de la OFAC y la FinCEN, ha sido utilizada por empresas registradas en Estados Unidos para exportar petróleo robado disfrazado de productos secundarios. “Los registros aduanales demuestran embarques enviados desde Houston con destino a Curazao, donde posteriormente fueron reetiquetados nuevamente para envío a Europa bajo documentos con origen insular”, señala una alerta de la FinCEN del primero de mayo pasado. El uso de la isla como paso intermedio permite que el crudo robado pierda su rastro, obtenga un nuevo certificado de origen y entre sin sospecha a mercados de la Unión Europea, donde los controles son más estrictos al ingreso directo desde Latinoamérica.
Aunque las autoridades de Curazao no han sido explícitas al respecto, la Oficina Central de Auditoría Fiscal de la isla admitió, en un informe de 2024, que “ciertos productos de hidrocarburos ingresan a zonas de libre comercio sin trazabilidad técnica suficiente, particularmente cuando provienen de intermediarios no registrados ante la Autoridad Portuaria”. Una nota del semanario Antilliaans Dagblad señaló que al menos dos compañías locales asociadas con traders de Houston y Brownsville están bajo revisión fiscal. El sociólogo energético radicado en Willemstad, Pieter Daal, declaró en una entrevista con Caribbean Today que “Curazao se convirtió sin querer en un centro logístico para operaciones petroleras grises. El problema es que esas zonas grises terminan protegiendo operaciones negras, como el crudo robado a Pemex que llega con factura estadounidense y se va con bandera de las Antillas Holandesas”.
Trinidad y Tobago tiene una de las industrias energéticas más desarrolladas del Caribe, con refinerías en operación, puertos especializados y una legislación avanzada en comercio de hidrocarburos. Sin embargo, también ha sido identificada por el Departamento del Tesoro estadounidense como uno de los destinos donde se han detectado envíos de petróleo presuntamente robado. En 2024, dos embarques fueron exportados desde Texas a Puerto España con documentación que describía el contenido como “residuo técnico para combustión industrial”. Las empresas receptoras, según reportes de la DEA entregados al Congreso, no contaban con instalaciones registradas en el Ministerio de Energía ni antecedentes de importación. “Este tipo de operaciones utiliza facturas técnicas deliberadamente ambiguas para ingresar cargamentos de alto valor sin activar alertas regulatorias”, señala el informe interno del FinCEN titulado Petroleum Supply Chain Vulnerabilities.
El gobierno trinitense reaccionó con cautela. Un portavoz del Ministerio de Energía, citado por el Trinidad Guardian, dijo que se había solicitado información adicional a la embajada estadounidense y que “la nación se compromete a asegurar la integridad de su sistema energético”. Mientras tanto, el economista petrolero Patrick Chin, en su columna semanal en The Loop TT, planteó que “el que compra más barato, sin preguntar de dónde viene, se convierte en cómplice, aunque lo niegue. Si un trader en Houston te ofrece crudo a 25 dólares menos que el mercado y todo lo que te entrega es una factura donde dice ‘aceite térmico’, sabes lo que estás comprando. O prefieres no saberlo”. La reflexión responde al problema, una mezcla entre opacidad comercial, necesidad energética y conveniencia política.
Bahamas no posee una industria de refinación relevante, pero sí es un punto clave de paso y almacenamiento. El puerto de Freeport, en la isla de Gran Bahama, es uno de los nodos más importantes de tránsito energético del Caribe. En agosto de 2024, una barcaza arribó con carga proveniente de Río Hondo, Texas. La documentación presentaba el contenido como “lubricante procesado para reciclaje”, emitido por una empresa texana ya sancionada por el Departamento del Tesoro, Arroyo Terminals, LLC. El FBI rastreó el embarque y detectó que la empresa receptora estaba registrada en Nassau, pero no tenía instalaciones físicas visibles y que el pago fue canalizado a través de una cuenta bancaria en las Islas Vírgenes Británicas. Según el vocero del Tesoro, Jeffrey D. Adams, “el caso de Bahamas es emblemático y claro, el petróleo robado pasa por ahí como un fantasma, con papeles válidos, pagos indirectos y cero preguntas al llegar”.
Las autoridades locales no han emitido declaraciones públicas sobre este embarque, aunque la Agencia Regional del Caribe para Crímenes Financieros (CFATF) incluyó a Bahamas en su revisión 2025 sobre países de alto tránsito de productos energéticos sin trazabilidad. El investigador de comercio marítimo de la Universidad de St. George, Alan Rowe, escribió en un artículo académico que “la neutralidad logística de las Bahamas ha sido explotada por brokers que operan sin cara y con múltiples empresas de papel. El petróleo pasa, nadie lo detiene, nadie lo analiza. Y cuando se mezcla con otro lote, ya nadie lo puede rastrear”.
Jamaica, finalmente, presenta uno de los escenarios más visibles, debido al historial reciente de controversias en su refinería estatal Petrojam. En 2023, tres embarques llegaron desde Texas a Kingston con facturas emitidas por empresas texanas desconocidas, que clasificaban el contenido como “mezcla recuperada para uso industrial”. FinCEN advirtió en su informe que estas compañías no estaban registradas como exportadoras de hidrocarburos ante la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y que dos de ellas habían sido constituidas en Delaware apenas semanas antes del envío. Una investigación abierta por HSI y el IRS vinculó los pagos de las transacciones con cuentas en Florida y Panamá, lo que activó las alertas de posible lavado.
La reacción en Jamaica fue inmediata. El analista Clive Barnett, del Caribbean Energy Observatory, declaró a Jamaica Observer que “ya no podemos decir que esto es un asunto mexicano. Cuando el huachicol llega a Kingston con papeles de Texas y se entrega en una terminal estatal, es un problema jamaiquino también”. El gobierno anunció una auditoría interna, aunque no ha publicado sus resultados. Mientras tanto, medios como The Gleaner han presionado por mayor transparencia en las operaciones de Petrojam y la implementación de controles de trazabilidad independientes. El problema, como advirtió FinCEN, no está solo en el robo, sino en la indiferencia, “el petróleo robado deja de ser crimen para los involucrados en el momento en que entra a una refinería con documentos en regla y nadie lo cuestiona”.
En conjunto, estos países forman un circuito vulnerable que ha sido absorbido por una red que inicia en los campos petroleros saqueados de México, se blanquea en las terminales industriales de Texas y navega bajo el radar hasta las islas del Caribe. No se trata de contrabando en bidones, es una operación transnacional que se camufla con facturas técnicas, sellos legales y brokers sin rostro. Un crimen sin violencia visible, pero con efectos corrosivos sobre la economía energética, la soberanía comercial y la integridad de los sistemas fiscales.
Como concluye un memorando de FinCEN ante el Comité Bancario del Congreso estadounidense, “el crudo -mexicano- robado no desaparece. Se reinventa. Se adapta a las grietas de los sistemas logísticos. Y mientras no se refuercen los controles aduanales, financieros y diplomáticos, seguirá navegando por el Caribe con bandera invisible”.