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La Habana.— El gobierno de Estados Unidos anunció ayer que los cubano-estadounidenses podrán demandar a más de 200 entidades de Cuba por supuestamente beneficiarse de propiedades que fueron expropiadas tras la Revolución cubana, pero no llegó a autorizar denuncias contra compañías extranjeras.
La acción de Estados Unidos fue criticada por el canciller cubano Bruno Rodríguez, quien se comprometió a dar todas las garantías a sus socios extranjeros.
En un comunicado, el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, explicó que mantendrá suspendido durante un mes más el título III de la ley Helms-Burton, lo que en la práctica impide reclamar ante cortes de EU propiedades que fueron confiscadas tras la Revolución de Fidel Castro. Sin embargo, Pompeo incluyó una excepción: a partir del 19 de marzo, los cubano-estadounidenses podrán denunciar a compañías incluidas en la conocida como “lista de restricciones a Cuba”.
Esa “lista negra” incluye entidades que están “bajo el control o actúan en nombre” de la inteligencia cubana, de las Fuerzas Armadas o efectivos de seguridad, según el Departamento de Estado. En el listado, actualizado por última vez en noviembre de 2018, aparecen 205 entidades que van desde instituciones como el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias hasta la cadena cubana de establecimientos turísticos Gaviota y establecimientos de ese grupo, como el Meliá Marina Varadero.
En Cuba muchos de los hoteles son propiedad de empresas controladas por las Fuerzas Armadas y gestionados en régimen de empresa mixta por corporaciones extranjeras, como el grupo Meliá, con sede en España. Rodríguez reiteró a sus socios “todas las garantías para la inversión extranjera y los proyectos conjuntos”.
